Las privatizadas todavía no deciden si van a audiencias

Frente a las audiencias públicas convocadas por el gobierno para debatir un ajuste parcial en los contratos, las privatizadas todavía no decidieron si concurrirán, y afirman que recién lo harán más cerca de la fecha, hacia mediados de abril. Los primeros encuentros son el 20 de ese mes (Edenor y Edesur), el 22 (MetroGas), el 27 (Transportadora de Gas del Sur) y el 28 (Camuzzi Sur y Pampeana).

La primera respuesta de las empresas fue que no concurrirían porque no hubo acuerdo con el gobierno, y en realidad lo que se va debatir es una propuesta unilateral de la unidad de renegociación de contratos.

A esa reacción inicial, ahora se le suma cierta preocupación de no caer en el aislamiento: ninguna empresa quiere ser la única que no vaya, y por eso se miran unas a otras con cierta desconfianza.

Hay además otro factor importante: la posición aparentemente cerrada de los gerentes de las privatizadas locales no coincidiría con lo que pasa en las casas matrices, donde por lo menos se advierte algún desconcierto frente a la convocatoria del gobierno. Hasta ahora, las casas matrices no terminan de decidir una posición, y esto también influye para que cada privatizada trate de anticiparse al juego de la otra.

Hay algunos detalles curiosos. Varios voceros empresarios coinciden en que la Unidad de Renegociación (Uniren) cerró el diálogo, y les dijo a las privatizadas que la posición del presidente Néstor Kirchner ya está tomada y que no habrá cambios sobre lo que ya se conoce, como una especie de «tómelo o déjelo». Sin embargo, en simultáneo sigue habiendo conversaciones que se mantienen en reserva, y oficialmente la Uniren llamó ayer a las empresas TGS y Camuzzi a responder a la propuesta, y abrió la posibilidad de reuniones de consulta.

La propuesta oficial incluye para las distribuidoras eléctricas y de gas un aumento de 15% en el margen de distribución, pero sin incluir a los usuarios residenciales. Esto significa que el impacto en la tarifa industrial y comercial será superior a un tercio de 15% que hubiera correspondido si la suba se aplicara a todos los clientes. Lo mismo ocurre en el caso de las transportadoras a las que les ofrece una suba de 10% en el margen del transporte, pero sin incluir a hogares. En la propuesta oficial se requiere además un compromiso de inversión y la suspensión de los litigios contra el Estado nacional iniciados en el CIADI, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial.

La forma de proponer una salida, hecha por la Uniren, se contradice con el principio de atender cada caso en particular. Un aumento de 15% en el margen de distribución sin hogares es muy distinto en Litoral Gas donde 75% del gas lo consumen industrias que en Camuzzi Sur donde sólo 25% corresponde a no residenciales.

El CIADI es el otro tema espinoso. Para el gobierno, la suspensión de los juicios es un requisito básico, al punto que legisladores impulsan una ley que obligue a renunciar a la presentación en el tribunal antes de la renegociación.

• Debilitamiento

Para las empresas «la suspensión debilita la posición de la empresa frente al CIADI, desde el mismo momento en que una decisión de esa naturaleza implica que se está aceptando una negociación». Otro detalle es que aquel que fue designado árbitro, no percibe haberes durante la suspensión del litigio, pero tampoco puede formar parte del tribunal en otra causa.

Por otra parte, hay situaciones muy complicadas, como es el caso de Enron en TGS. La empresa norteamericana, controlada actualmente por sus acreedores, tiene poco conocimiento de la realidad argentina y es muy difícil que suspenda el juicio en el CIADI. En Transportadora de Gas del Norte, si puede suponerse que la francesa Total aceptaría una suspensión del litigio, es improbable que ocurra lo mismo con CMS, accionista minoritario que es además la empresa con la querella más avanzada.

Edenor y Edesur tienen características particulares. Como el gobierno ya aprobó y discutió en audiencia pública una propuesta consensuada con Edelap (la otra distribuidora eléctrica que depende del Estado nacional), si las otras dos empresas no aceptan la propuesta oficial, ésta se aplicará igual (para que el gobierno no sea acusado de trato discriminatorio con respecto a los usuarios) y las subas de tarifas se direccionarán a un fondo para obras en las áreas de concesión. Edenor y Edesur mostraron hasta ahora las posiciones más duras. Sin embargo, hay suspicacias recíprocas. En Edenor hay algún temor de que el gobierno español fuerce a Endesa a llegar a un acuerdo, y en Edesur creen que EDF puede cambiar de actitud a último momento.

Por el momento, el tema está lejos del público. Las industrias, en cambio, van haciendo números: faltan dos subas, en mayo y julio, del gas en boca de pozo, si a esto se suman ajustes en transporte y distribución, y además el repago de las obras de ampliación de gasoductos, en agosto podrían estar pagando en dólares una tarifa más alta que la vigente en el momento de devaluar.