Lavagna propuso a Kirchner un acuerdo "corto" con FMI
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El actual miniacuerdo con el FMI fue firmado en enero y continúa hasta setiembre. Ambas partes reconocen que ya existe poco interés por determinar si se cumplió o no a rajatabla con lo firmado y que todas las miradas están puestas en el nuevo compromiso de más largo plazo que se alcanzaría.
De hecho, hubo varias metas que fueron incumplidas, pero que no generaron mayores problemas. Por ejemplo, el Banco Central «se pasó» de la meta indicativa de base monetaria porque emitió en grandes cantidades para frenar la caída del dólar. Pero el presidente del BCRA, Alfonso Prat-Gay consiguió que el Fondo flexibilice su postura y terminó renegociando la meta.
Tampoco se cumplieron varias reformas, como la vinculada al sistema bancario o el cambio de alícuotas impositivas (impuesto a los combustibles). Sin embargo, el acuerdo continúa vigente y en las próximas horas confirmarán el cumplimiento de las metas previstas para el trimestre, en materia fiscal y monetaria.
La ley aprobada por el Congreso, por la cual se resolvió una nueva prórroga a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias es un tema que causa malestar en el organismo, ya que había sido explícitamente prohibido en el miniacuerdo.
«Kirchner no la quiere vetar. Pero la vuelta para no agrandar el conflicto con el Fondo sería que en la reglamentación quede claramente estipulado que la suspensión es para casos muy puntuales y que no se quiere pasar por encima del derecho de los acreedores», explican fuentes cercanas a Lavagna.
• Temas legislativos
Hay varias cuestiones que Economía quiere ir adelantando en las próximas semanas, que serán fundamentales para ese nuevo acuerdo. La mayor parte pasa por temas legislativos pendientes.
Entre ellos, se encuentra la necesidad de aprobar una ley que autorice al Ejecutivo al aumento de tarifas de los servicios públicos. También deben aprobarse las compensaciones para los bancos por la eliminación del CER y los amparos pagados. En materia impositiva, se enviaría al Congreso una reforma y el nuevo marco de reparto con las provincias a través de una nueva ley de coparticipación federal.




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