El ministro de Economía presiona para que la nueva ley laboral, que derogará la vigente, cuestionada por los presuntos sobornos en el Senado, contenga «superpoderes» que permitan al Ejecutivo regularla por decreto, según evolucione el mercado laboral. Ahora urge ese trámite, que quieren tener listo para el sábado, cuando vuelva Néstor Kirchner de España, e ingresarlo en el Congreso para que se trate en las extraordinarias de febrero. No conforma esto ni a empresarios ni a gremialistas. A los primeros, porque, a pesar de la rebaja de aportes prevista en el borrador, les genera incertidumbre la inexistencia de un marco que les permita proyectar, a riesgo de que un decreto les aumente el costo laboral; a los otros, porque temen que el gobierno limite sus privilegios por decreto. Trascendió que el texto le concedería al sindicalista Hugo Moyano el principio de primacía al convenio más favorable para el trabajador. Además, se prevé -en empresas de hasta 80 empleados- la reducción de aportes patronales en 33% (50% si se incorporan beneficiarios del plan Jefes de Hogar) y la reducción del período de prueba a tres meses. Pero en última instancia, Lavagna reserva en su puño las condiciones de aplicación.
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Hace una semana, durante una reunión que mantuvo con legisladores peronistas, radicalesy de los bloques menores, Lavagna explicó a los presentes que hasta ese momento el gobierno no le había dado participación en la redacción del borrador del proyecto laboral. Ratificó el ministro su apoyo a que la iniciativa se tratara en extraordinarias pero aclaró:
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