El gobierno conseguirá esta semana que el Congreso ratifique el decreto que dispuso la rescisión del contrato de concesión con Aguas Argentinas, pero le resultará difícil, por ahora, lograr lo mismo con el decreto que firmó Néstor Kirchner para crear AySA, la nueva empresa que la reemplazará. La diferencia no es menor y, si bien Néstor Kirchner verá finalmente ratificada por ley la creación de AySA, antes deberá soportar en el Congreso un duro debate y la crítica del radicalismo, por ejemplo, no sólo algunos aspectos de la nueva empresa a crear sino también a quienes se puso a la cabeza de la sociedad estatal.
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Desde el Peronismo Federal algunos diputados insistirán, además, con la oportunidad de la reestatización: «Es extraño que Aguas Argentinas haya sido la primera empresa en llegar a un acuerdo transitorio con el gobierno y sobre la que los ministros decían era un ejemplo a seguir por el resto de las privatizadas y que ahora todo haya terminado así», dicen los ex duhaldistas. Otros, como José María Díaz Bancalari, se apuraron a expresar su apoyo a la medida incluso antes de que el gobierno se los pidiera.
Hasta ahora el kirchnerismo tiene aseguradala ratificación del Decreto 303/ 2006 que dispuso la reestatización del servicio de aguas y cloacas. Emitirá el dictamen en las comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto y Hacienda -conducidas por los kirchneristas Edgardo Depetri y Carlos Snopek- y lo llevará al recinto el miércoles. También podrá emitir el dictamen ratificando el decreto de creación de la nueva empresa, pero en ese caso deberá demorar su llegada al recinto.
El camino que el gobierno tomó en el Congreso con los decretos 303/2006 y 304/2006 tiene nuevamente un significado político y no técnico.
• Rescisión
Los diputados quieren ratificar -lo que equivale a convertirlo en ley- el Decreto 303/2006 que dispone la rescisión del contrato con Suez, Aguas de Barcelona y otros socios en menor proporción, para la operación de Aguas Argentinas. Ese decreto fue firmado por Néstor Kirchner en uso de las facultades delegadas por el Congreso. No es un decreto de necesidad y urgencia y no necesita una ratificación inmediata de las Cámaras. El gobierno lo envía y el Congreso lo aprueba, entonces, por un mero acto de apoyo político a la decisión del Presidente por el que, al mismo tiempo, le da estatus de ley. El objetivo es claro: darle más fuerza política y legal a una decisión que afecta a Suez y sus socios -que mantendrán el juicio contra la Argentina en el CIADI por u$s 1.700 millones- y que ya complicó a futuro la relación entre el país y Francia.
No es una novedad que Kirchner apele a este procedimiento: cuando debió decidir el pago total de la deuda con el FMI por u$s 9.810 millones, el Presidente también firmó primero el decreto y luego lo envió al Congreso a ratificar.
En el caso de la creación de AySA, la situación legal es claramente distinta al Decreto 303. Se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el 304/2006, que sí debe ser notificado al Congreso, aunque no exista aún la comisión bicameral que exige la Constitución de 1994 para ratificarlo a derogarlo. Por lo tanto, no hay plazos, ni fechas de vencimiento y los diputados y senadores pueden aprobarlo o rechazarlo como cualquier otro instrumento legal. De todas formas esa discusión seguramente se demorará más de una semana.
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