Ley búmeran

El radicalismo encontró la forma de acosar a los funcionarios del gobierno remisos a informar sobre cuestiones ríspidas en sus carteras. Felisa Miceli fue ayer intimada a explicar los pormenores del escándalo por el caso Greco y Ricardo Jaime denunciado a la Oficina Anticorrupción -y en breve a la Justicia-por no aclarar el incremento de $ 300 millones en subsidios al transporte. Utilizan para hacerlo una sana norma que estableció el oficialismo en 2003 para transparentar la información pública. Como sucede con muchas leyes elogiables, en este caso también terminó por complicar al gobierno que la instauró porque eligió incumplirla.

La oposición encontró en los últimos meses una forma eficaz de complicar a los funcionarios del gobierno más remisos a informar de sus actos. Utilizando un procedimiento reglamentando por el Decreto 1172/2003 de Néstor Kirchner para agilizar el proceso de acceso a la información pública, puede presionar a funcionarios para que informen al Congreso y, si no lo hacen, denunciarlos ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia.

Ayer, por ejemplo, el radicalismo utilizó ese procedimiento en dos oportunidades. Denunció al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por no haber informado al Senado el destino y la justificación del incremento de $ 300 millones en los subsidios a empresas y sindicato del transporte, un procedimiento que incluirá la presentación en febrero de un recurso de amparo, como adelantó Ambito Financiero el 16 de enero.

Pocos minutos después, los mismos senadores radicales -Gerardo Morales y Ernesto Sanzintimaron a Felisa Miceli a que dé precisiones sobre cómo se tomó la decisión de pagar $ 578 millones por deudas con los ex integrantes del Grupo Greco, cuáles fueron las condiciones en que se aprobó la liquidación de ese pasivo y cómo actuaron los abogados defensores del Estado en esa causa. El petitorio a Miceli pareció más un interrogatorio judicial que un pedido de informes a un ministro.

Todo ese procedimiento se basa en las reglamentaciones sobre Acceso a la Información Pública que aprobó Kirchner por decreto cuando recién iniciaba su mandato, el 3 de diciembre de 2003.

Esa sana decisión se tomó para transparentar la información que emana del Estado, abarcando un amplísima gama de actos, desde la documentación que manejan los funcionarios y sus actos hasta las audiencias que celebran.

El régimen que instauró Kirchner es puntillosoal límite de fijar el modelo de planilla para registrar las audiencias que otorgan los funcionarios a particulares, empresas o representantes políticos. Esa es una de las explicaciones de por qué en el sitio de Internet de la Presidencia y los ministerios se puede hoy seguir el cronograma de audiencias que da cada funcionario.

Ahora ese procedimiento comenzó a ser utilizado por la oposición para que el Poder Ejecutivo conteste los informes que le envía el Congreso, algo a lo que los hombres de Kirchner siempre fueron remisos.

Obligación

El procedimiento establecido en 2003 por el Presidente dispone que cualquier funcionario de alto rango -hasta director general-«está obligado a permitir el acceso a la información en el momento en que le sea solicitada o proveerla en un plazo no mayor que 10 días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros 10 días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada».

Fuera de esa obligación sólo quedaron datos estratégicos del Estado, informes que sirvan a la defensa del fisco en juicios contra terceros o de carácter militar.

El mismo régimen establece que «la información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos personales o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos».

Si una vez cumplido el plazo de 10 días, la información no hubiera sido brindada a quien la pidiere -un legislador, ONG o particular-, se habilitan la denuncia del funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la presentación de una Acción de Amparo ante la Justicia, como harán los senadores ahora con Jaime y dentro de 20 días con Miceli si no responde el pedido de informes presentado ayer.

Pero el radicalismo tiene, además, una intención colateral en aprovechar este procedimiento. Ese mismo decreto establece que el encargado de garantizar ese régimen de acceso a la información es el subsecretario para la Reforma Institucional, cargo que ahora ejerce Marta Oyhanarte, hija de un dirigente histórico del radicalismo, legisladora y ex funcionaria, a quien ahora no le perdonan su pase al kirchnerismo.