Los concejales no deben cobrar sueldo

El nuevo presidente del partido de Domingo Cavallo, Armando Caro Figueroa, puso como primer empeño de su tarea al asumir sumarse al debate sobre el costo de la actividad política. Las propuestas que quiere llevar al Congreso y a los presidentes de los otros partidos (ya tiene hora con Raúl Alfonsín) acerca ideas novedosas. Por ejemplo que los cargos de concejales en los municipios no deben cobrarlos quienes los desempeñan, o que las elecciones sean realizadas en la Argentina por un ente independiente del gobierno de turno. Más conocidas son las propuestas de eliminar cámaras redundantes como los senados provinciales, acortar y abaratar las campañas. Con datos en la mano, el vicejefe de Gabinete propone desde la función partidaria reducir el gasto global en cargos políticos a la mitad. Veamos los argumentos de Caro Figueroa.

Los argentinos están insatisfechos con el funcionamiento de las instituciones del Estado. La actividad política sufre un creciente deterioro en la consideración de la opinión pública. El costo de la política muestra niveles inaceptables, que contrastan con las restricciones que soportan las familias y los ciudadanos.

Las cosas no pueden continuar de esta manera. Es preciso introducir urgentes cambios en las instituciones públicas y en los estilos, reglas y modos de financiamiento de la actividad política.

Para fortalecer la democracia se hace preciso reformar el Régimen Electoral, ampliando el poder de los ciudadanos a la hora de seleccionar a quienes habrán de representarlos, creando una administración electoral independiente, informatizando el proceso de votación, y garantizando la vigencia del principio «un hombre, un voto».

Pero esta reforma, aun siendo importante, no alcanza. La construcción de una democracia moderna, eficiente y avanzada plantea nuevas exigencias. Entre otras, contar con partidos políticos más transparentes y democráticos; eliminar privilegios, impositivos o de seguridad social, vigentes en determinados poderes públicos; completar la independencia de los jueces, despolitizando su designación, impidiendo la judicialización de la política, y promoviendo la remoción de quienes hayan deja-do de reunir los requisitos constitucionales; reforzar la división de los poderes; promover la vigencia del principio de legalidad; reformar el régimen jurídico sobre criminalidad de los gobernantes; jerarquizar y unificar las instancias del control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno.

Reducción integral

Dentro de este orden de ideas, y con el propósito de instalar una política austera, decente y eficaz al servicio del ciudadano, es preciso reducir sustancialmente el gasto de ésta en los tres niveles del Estado (Nación, provincias, municipios). Para alcanzar estas metas, Acción por la República propone:

a) Apoyar la organización unicameral de las Legislaturas provinciales, y facilitar los procesos de regionalización de determinados poderes de los Estados provinciales. Se trata tanto de reducir el costo excesivo de la función legislativa, como de elevar la calidad de la producción de normas legales en beneficio de la seguridad jurídica.

b) Fomentar el carácter honorífico de los cargos legislativos municipales.

c) Eliminar la discrecionalidad y el clientelismo en el ingreso del personal permanente, transitorio y contratado, al servicio de las Administraciones Públicas. Esta medida implica enfatizar el carácter profesional de los funcionarios públicos y poner en manos de tribunales independientes tanto el acceso a las plantas administrativas como la selección del personal a contratar.

d) Limitar el gasto electoral y la duración de las campañas. En este sentido, proponemos reducir, durante los próximos tres años, el gasto electoral de los partidos a 50% de lo que declararon haber gastado en las elecciones llevadas a cabo en el año 1999 (1).

e) Rebajar el gasto de funcionamiento de los Poderes Legislativos nacional, provinciales y municipales, de los
2.300 millones de pesos actuales a $ 1.100 millones de pesos.

f) Eliminar las pensiones discrecionales que otorgan los legisladores, sin perjuicio de atender los casos socialmente justificados a través del régimen ordinario de pensiones no contributivas.

g) Despolitizar la administración de los planes y programas de ayuda social financiados con fondos públicos y sancionar su utilización partidista.

h) En el ámbito de los Poderes Ejecutivos, proponemos reducir el gasto en remuneraciones a los altos cargos políticos mediante la simplificación de las estructuras de gobierno. Además, el gasto en funcionarios políticos de apoyo no podrá exceder de 0,8% del gasto público total.

Solamente con estas reformas la política comenzará a recuperar la estima de los ciudadanos. Y habremos hecho, además, un señalado servicio a la democracia argentina.


(1) En 1999 los partidos políticos argentinos gastaron más de 260 millones de pesos en las campañas para elegir autoridades nacionales, provinciales y locales. El Estado gira, además, 66 millones de pesos anuales para atender gastos de los partidos políticos.