Los pactos, entre leyenda y engaño

En los 70 se lanzó un intento de pacto social con el entonces ministro José Ber Gelbard y el sindicalista José Ignacio Rucci como actores principales. En 1994 en Casa de Gobierno Carlos Menem, Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa firmaban con empresarios y sindicalistas otro acuerdo. El final fue común a ambos.

Curiosas vueltas de la historia: en la Argentina gobernada por el peronismo se firmaron dos pactos sociales entre gobierno, trabajadores y empresarios.

El primero, en 1973 (y su continuación en 1975) apuntaba a encorsetar la inflación.

El segundo, en 1994, aspiraba a destrabar el tratamiento en el Congreso de una nueva ley de accidentes de trabajo e impedir la creciente y próspera industria del juicio.

Está en ciernes un tercer pacto social, que tiene como objetivo declamado acotar los reclamos salariales que -según los empresarios- provocan presión en el consumo y por lo tanto inflación.

También conseguir que el gobierno envíe al Parlamento algún proyecto de ley de accidentes de trabajo que desactive los efectos de un controvertido fallo de la Corte Suprema y la resurrección de la industria del juicio. Como se ve, no se ha avanzado demasiado en estos temas en las tres décadas pasadas.

La historia de los pactos sociales en la Argentina comienza el 8 de junio de 1973, bajo el nombre de Acta del Compromiso Nacional. Se trató de un acuerdo impulsado por el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, José Ber Gelbard, celebrado con el titular de la Confederación General del Trabajo, José Rucci y dirigentes de la Confederación General Económica (CGE), la central empresarial preferida del peronismo. Su presidente era el metalúrgico Julio Broner, socio de Gelbard (fundador a su vez de la CGE).

La idea era darle sustento desde lo político-sindical al plan económico pergeñado por el empresario devenido ministro, cercano al Partido Comunista Argentino. El plan preveía «inflación cero», para lo cual se habían establecido precios fijos y uniformes para casi todos los bienes y servicios, los que regían en todo el país. Así, independientemente de los costos, salía lo mismo tomar un café en un barrio que en el Sheraton Hotel (al que por entonces los Montoneros prometían convertir en el nuevo Hospital de Niños).

También había dólares «diferenciales» para comerciar, viajar al exterior o ahorrar.

Como era de esperar, ese plan «inflación cero» terminó en un estallido, tras meses de mercado negro y desabastecimiento de los artículos más demandados por la población, lo que fue calificado de « golpista» en reiteradas ocasiones por el gobierno de entonces.

Asistentes

El pacto se anunció en un acto al que asistieron el ministro de Defensa, Angel Robledo; del Interior, Esteban Righi; de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig; de Educación, Jorge A. Taiana, y de Justicia, Antonio Benítez.

Righi es el actual procurador general de la Nación; Taiana era el padre del hoy canciller de Néstor Kirchner.

Otros nombres de la época presentes en el acto, y que permanecen hoy en el escenario político, fueron la entonces diputada por la JP Montonera Nilda Garré y el hijo del entonces presidente Héctor Cámpora, del mismo nombre.

El entonces presidente señaló en el comienzo de su discurso «la magnitud del lamentable cuadro económico del país en ruinas que nos han dejado tantos años de desgobierno». Agregó que «las consecuencias de la crisis cayeron más injustamente y con mayor dureza sobre las espaldas de los trabajadores. Esto no volverá a ocurrir».

Concretamente, los objetivos propuestos en ese pacto eran:

1) una justa distribución del ingreso;

2) eliminar la marginalidad social mediante la acción efectiva del Estado en materia de vivienda, educación, salud y asistencia social;

3) absorber totalmente la desocupación y el subempleo;

4) mejorar la asignación regional del ingreso;

5) terminar con el descontrolado proceso inflacionario y la fuga de capitales.

Para alcanzar tales fines, el acta estipuló diferentes políticas que debían llevarse a cabo:

- redistribución de ingresos;

- reordenamiento financiero y reactivación económica;

- racionalización de los sistemas de comercialización;

- cumplimiento del compromiso (para asegurarlo, el acta especificaba una serie de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo debía elevar al Congreso).

Rucci, quien poco después caería abatido por las balas montoneras, aseguró que respecto del aumento salarial no le interesaba tanto el monto del incremento sino la nueva concepción económica que se iniciaba.

Los objetivos del pacto calmaron los ánimos en un principio, pero no se mantuvieron en el largo plazo por el descontrol fiscal existente.

El 24 de octubre de 1975, luego del «Rodrigazo» de junio, donde precios y salarios libres de controles generaron un estallido hiperinflacionario, se firmó una nueva acta de concertación, esta vez denominada «Social Dinámica», cuyos objetivos eran casi los mismos que los enunciados en el «Pacto social».

El nuevo acuerdo fue firmado por los ministros de Economía y de Trabajo, Antonio Cafiero (actual senador) y Carlos Federico Ruckauf, los secretarios generales de la CGT Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, y nuevamente Broner por la CGE. Como se ve, apenas dos años después el único que permaneció en la foto fue el empresario que fabricaba los embragues Wobron.

Para entonces la economía se desplomaba y arrastraba con ella al régimen de Isabel Perón -que había sucedido a su extinto marido Juan Perón-, aquejado también por la violencia guerrillera y la respuesta de la «Triple A».

Con este nuevo acuerdo el peronismo, para tratar de impedir el golpe de Estado que ya era un hecho, intentó conseguir (o al menos exhibir) respaldo de las entidades gremiales y empresariales que lo firmaron, y que no tenía correlato en el resto de la población. Además, allí no estaban ni la Sociedad Rural ni la Unión Industrial Argentina, por lo que el acuerdo nacía tan muerto como su predecesor.

El documento arrancaba con la siguiente frase: «Ante la situación de emergencia económica y social que vive el país, la CGT y la CGE ratifican la voluntad de acordar entre sí y con el Estado una nueva concertación social dinámica. La CGT y la CGE apoyan el criterio del gobierno nacional en el sentido de que salarios y precios son elementos de la vida económica que deben encontrar un equilibrio justo, dentro del cual no es aceptable ni la pérdida de ingresos reales por los trabajadores ni la descapitalización empresaria».

Los objetivos básicos del pacto estaban orientados a «lograr un clima de tranquilidad y armonía social mediante el restablecimiento del pleno empleo y el aporte de cada sector laboral y empresario para desacelerar la situación inflacionaria y lograr la estabilización de los precios».

Pocos meses después, más precisamente en marzo del año siguiente, ese acuerdo sería apenas letra muerta: el día 24 las Fuerzas Armadas depusieron a Isabel Perón.

Con Menem

Dos décadas después, se celebró un nuevo pacto social, esta vez de la mano del gobierno de Carlos Menem; el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, que se firmó el 25 de julio de 1994 en la Casa Rosada. Lo suscribieron el gobierno, representantes sindicales y empresarios de la CGT, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Argentina de la Construcción. Como se ve, la CGE había salido de la escena y había sido reemplazada por la UIA, el sector financiero y el campo.

El propósito del pacto era lograr un acuerdo que permitiera destrabar la hasta entonces estancada reforma laboral. Los empresarios se vieron obligados a firmar porque los sindicalistas dominaban la Comisión de Legislación Laboral del Congreso y hacía años que esta reforma estaba trabada allí.

Los gremios prometían liberar la sanción de una ley de accidentes de trabajo que les permitiría a las empresas tener cobertura contra la siniestra industria del juicio, una verdadera amenaza contra sus patrimonios. Los empresarios aceptaron un mayor poder de los sindicatos, con la condición de que al menos les aprobaran inmediatamente la modificación en la ley de accidentes de trabajo. No fue tan rápido ni tan sencillo: recién en octubre del año siguiente se sancionaría la Ley 24.557, creando las Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART), régimen que un fallo de la actual Corte Suprema dado hace más de un año puso en riesgo de muerte.

Aquel acuerdo, además, proponía un «nuevo compromiso para lograr la equidad social, la modernización y reconversión del aparato productivo, centrándose en inducir una baja en los costos laborales y en favorecer la creación de empleo».

A cambio de las ART, el gobierno concedió dos reclamos de la CGT: un subsidio de $ 21 millones para compensar la pérdida de recaudación de las obras sociales por caída de aportes patronales, y una moratoria para cancelar la deuda previsional.

Asimismo, el pacto permitió que los inversores que compraran una empresa concursada o en quiebra -en esa época fueron muchos- se hicieran cargo de los compromisos laborales originados sólo a partir del inicio de su gestión. También promovió la apertura de comisiones paritarias para todos los sectores y confirmó el poder de los sindicatos para la discusión salarial y de condiciones laborales.

Por aquella época, el poder sindical ya estaba debilitado en gran medida en relación con el que exhibió durante el gobierno de Raúl Alfonsín: sus acciones apuntaban más a la propia supervivencia que a lograr reivindicaciones para sus afiliados. La descentralización de las obras sociales y la habilitación para discutir paritarias por empresa (y no por rama de actividad) fue lo que los puso a la defensiva.

La ceremonia de firma del acuerdo, presidida por Carlos Menem, se retrasó más de media hora: todavía a las 18, en la cartera laboral, el ministro Armando Caro Figueroa lidiaba con los representantes de la UIA el tenor del acuerdo tripartito. Horas antes, en la sede de la central fabril, la junta directiva de la UIA convalidaba la negociación que encabezaron Jorge Blanco Villegas (Philco) Sergio Einaudi (Techint), Gilberto Montagna (Terrabusi), Claudio Sebastiani y Daniel Funes de Rioja.