Especialistas de Allen & Overy Shearman lideran la elaboración de una estructura para sumar colaterales al préstamo que gestiona Caputo. La Fed ya dijo que no.
Scott Bessent y la Fed dijeron que no a respaldar el crédito de los bancos para la Argentina. Ahora es el turno del BCRA.
El Gobierno persiste en sus esfuerzos por concretar un crédito privado de hasta u$s5.000 millones a través de una operación de repo. Esta iniciativa surge como una alternativa pragmática ante el desmoronamiento de las expectativas iniciales de un préstamo más ambicioso por u$s20.000 millones con bancos de Wall Street, un escenario que se desvaneció la semana pasada debido a desacuerdos profundos en torno a las garantías requeridas.
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Fuentes cercanas a las negociaciones, consultadas por este medio, confirman que el foco ahora se centra en resolver los pendientes estructurales de esta modalidad de corto plazo, con un énfasis en la ingeniería de garantías o colaterales que permita mitigar riesgos sin comprometer la liquidez inmediata del Tesoro estadounidense.
El antecedente inmediato de esta coyuntura se remonta a las publicaciones que Ámbito hizo el lunes y el miércoles de la semana pasada, que anticiparon con precisión el repliegue de los bancos estadounidenses. En aquellas notas, se detallaba cómo entidades como J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs habían impuesto un deadline inminente para ratificar su participación, condicionado a la obtención de un "backstop" explícito del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La negativa de Washington a asumir garantías soberanas —debido a la necesidad de aprobación del congreso estadounidense y fricciones con el FMI— generó un impasse que redujo drásticamente el monto viable del préstamo, pasando de una aspiración de u$s20.000 millones a un esquema más modesto y transitorio.
Para los consultados, esta dinámica no solo reflejaba la aversión al riesgo de los prestamistas privados, sino también la intersección de presiones políticas internas en EEUU, incluyendo críticas de figuras como la senadora Elizabeth Warren, quien cuestionó la opacidad del arreglo como un subsidio encubierto a Wall Street.
En paralelo, se corrobora la falta de directrices claras sobre colaterales aceptables por parte de los bancos —en un contexto de calificación especulativa de la deuda argentina por agencias como Moody's y S&P— lo que llevó a las entidades a pausar el proyecto. En su lugar, emerge la opción del repo, una operación de recompra de corto plazo que permitiría al Gobierno obtener dólares inmediatos a cambio de activos como garantía, con la intención de repagar mediante emisiones en mercados internacionales en un horizonte breve.
Este pivote no es improvisado, sino una respuesta estratégica a la urgencia de reforzar reservas netas (u$s16.000 millones negativos, según la contabilidad del FMI), que se encuentran en territorio crítico, y estabilizar el mercado cambiario ante vencimientos inminentes.
Sin embargo, lo que distingue esta fase de las previas es un giro exclusivo en la estructura de garantías, que abandona por completo la especulación inicial en torno al uso de activos del System Open Market Account (SOMA) de la Reserva Federal como colateral principal. Fuentes internas revelan que la Fed se ha retirado de manera irrevocable de este esquema, tras un conflicto intenso en el Board of Governors que expuso divisiones entre facciones hawkish y dovish sobre la exposición de activos públicos a riesgos soberanos emergentes. Este desenlace, ahora un hecho concreto y no mera conjetura, obliga a los negociadores a rediseñar el andamiaje de protección, priorizando mecanismos que internalicen el riesgo en el sector privado sin requerir nuevos desembolsos fiscales de Washington.
En este escenario, el rol de firmas legales de primer nivel cobra protagonismo. Especialistas de Allen & Overy Shearman —recién fusionada en una potencia global— lideran la elaboración de la "ingeniería de garantías", en coordinación con otros bufetes como Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb. Su mandato es forjar un marco contractual que integre colaterales alternativos, potencialmente híbridos, para cubrir hasta el 50% del monto en caso de default, alineándose con las exigencias de los bancos sin vulnerar regulaciones de la Fed ni del FMI.
Esta labor técnica, que avanza a contrarreloj, representa un hito en la sofisticación de las operaciones financieras argentinas, donde la creatividad jurídica se erige como aliada indispensable para sortear barreras geopolíticas. Adicionalmente, el swap de divisas con el Tesoro estadounidense se perfila con un uso estrictamente comercial, desvinculado de cualquier connotación de bailout multilateral.
De hecho, se ha oficializado que el Exchange Stabilization Fund (ESF) procedió a la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Argentina, facilitando el pago del último vencimiento con el FMI correspondiente a noviembre. Esta transacción no solo alivia presiones inmediatas, sino que subraya la confianza discreta de Washington en la gestión de Luis Caputo, aunque sin extensiones formales de crédito soberano. El ministro de Economía, en su próximo diálogo con inversores a inicios de diciembre, enfatizará estas victorias tácticas para reafirmar la solidez del plan financiero. Sin embargo, la premura es palpable: el Gobierno precisa definir en las próximas semanas la disponibilidad de al menos u$s4.300 millones para afrontar los vencimientos de enero de 2026, un paquete que incluye pagos de deuda externa y obligaciones con el FMI por encima de u$s4.500 millones en total.
De no lograrse, la prima de riesgo país —actualmente en niveles elevados de 650 puntos— podría dispararse, encareciendo el acceso a mercados y desestabilizando el crawling peg del tipo de cambio. Este deadline no es abstracto; representa el talón de Aquiles del esquema macroeconómico mileísta, donde la acumulación de reservas netas se erige como pilar para sostener la desinflación y el superávit fiscal primario, aunque el Gobierno exponga argumentos que van a contramano.
En el núcleo de la operación repo radican dos desafíos persistentes: las garantías y la tasa de referencia. Históricamente, los dos repos previos instrumentados por el BCRA —en 2024 y principios de 2025— recurrieron a la emisión de Bonos del Tesoro en dólares (BoPreales) como colateral exclusivo, permitiendo a los bancos mitigar exposiciones mediante activos soberanos de alta liquidez. Estas emisiones, calibradas para madurar en alineación con el repo, funcionaron como un puente eficiente, aunque generaron debates sobre su impacto en la curva de rendimientos doméstica.
Ahora, con un monto de u$s5.000 millones, la utilización de este mecanismo se pone a prueba, especialmente ante la escasez de divisas para respaldar nuevas emisiones. Una variante en discusión —aún no resuelta— implica el uso de BoPreales ya existentes en la cartera propia del Banco Central, evitando la dilución fiscal de emisiones frescas. Esta opción, que ganaría en eficiencia presupuestaria, requeriría ajustes en la normativa del BCRA para habilitar la cesión temporal de estos instrumentos sin comprometer la autonomía monetaria.
Fuentes del Palacio de Hacienda indican que las mesas técnicas, con participación de asesores de Wall Street, evalúan pros y contras: por un lado, reduce el costo fiscal; por el otro, expone al Central a contingencias de mercado si el repo se extiende más allá de los meses previstos.
No obstante, el éxito depende de la alineación con el FMI: la directora gerente Kristalina Georgieva ha reiterado que cualquier flujo privado no puede subordinar los u$s60.000 millones adeudados, incluyendo la Extended Fund Facility aprobada en abril de 2025. Cualquier desajuste podría reavivar tensiones, recordando las lecciones de defaults pasados. En este tapiz de interdependencias, el Gobierno navega con cautela, consciente de que la credibilidad se construye en detalles. La resolución de las garantías pendientes, liderada por los juristas de A&O Shearman, podría catalizar un anuncio formal antes de fin de mes.
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