Lula emplazó a Evo Morales: por ahora va a la Justicia

No hay relación personal que valga cuando hay intereses en juego. Al llegar Evo Morales al poder, hablaba de Lula da Silva casi como de un padre político, y el brasileño retribuía ese trato. Hasta que la promesa de nacionalización de los hidrocarburos del boliviano fue demasiado lejos, afectando a Petrobras, la petrolera controlada por el Estado brasileño. La última decisión de un Morales que ya sólo parece escuchar a Hugo Chávez fue darle el monopolio de las exportaciones de petróleo a la refundada YPFB. La respuesta de Lula no se hizo esperar: lo amenazó con un juicio internacional y lo conminó a aceptar o rechazar en dos días las condiciones brasileñas para la venta al Estado boliviano de dos refinerías de Petrobras: 200 millones de dólares,en lugar de los 60 millones que ofrece Evo. Y todo a través de un comunicado. El colmo del desdén.

Evo Morales

El gobierno brasileño manifestó ayer su «contrariedad» por la decisión de Bolivia de otorgar el monopolio de la exportación de petróleo y gasolina a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y advirtió del «impacto negativo» que esta acción puede tener en la cooperación bilateral.

La reacción fue una respuestaal decreto anunciado el domingo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, que le otorga a YPFB el monopolio de la exportación del crudo reconstituido y de las naftas «blancas» producidas en las refinerías del país.

El decreto entró en vigor el mismo domingo y cayó como un balde de agua fría en Brasil, que está en pleno proceso de negociación de dos refinerías de la estatal Petrobras, afectadas por el proceso de nacionalización de hidrocarburos en Bolivia.

Hasta ahora, las compañías petroleras que operan en territorio boliviano tenían derecho a comercializar su producción tanto en el mercado interno como el externo, pero desde el domingo ese negocio quedó exclusivamente en manos de YPFB, que será la única responsable de abastecer al país y negociar las exportaciones.

Malestar

Fuentes oficiales sostuvieron que el decreto causó un «enorme malestar» en el gobierno brasileño, que reaccionó casi de inmediato con un comunicado oficial y unas duras declaraciones del presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, contra una medida «conocida a través de los medios de comunicación».

En una nota oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo pública la «contrariedad» del gobierno brasileño y advirtió sobre el «impacto negativo» que esa decisión puede tener en la cooperación bilateral.

La Cancillería consideró que la medida tiene «efecto directo» sobre las dos refinerías de Petrobras y afirmó que «perjudica y puede hacer inviables el proceso negociador y la adecuación de la situación de las refinerías al cuadro jurídico institucional», en la que esa estatal «se encuentra empeñada de buena fe». El comunicado añade que « independientemente de las acciones legales que Petrobras adopte en defensa de sus intereses legítimos, el gobierno brasileño no puede dejar de notar el impacto negativo que éste o cualquier otro gesto unilateral pueden tener en la cooperación entre ambos países».

Emplazamiento

Sin el corsé diplomático, Gabrielli fue más allá. Informó que ha emplazado a Bolivia a concluir la negociación para establecer la indemnización que recibirá Petrobras por las refinerías nacionalizadas y aclaró que, de no alcanzarse un acuerdo, la empresa considerará la posibilidad de dirigirse a la Justicia internacional.

El presidente de Petrobras agregó que le dirigió una « última oferta» a Bolivia por las refinerías y aseguró que se trata de una «propuesta justa», que, aunque no llegó a calificar así, lleva implícito cierto grado de ultimátum.

«Esperamos llegar ya a un acuerdo», sostuvo Gabrielli, quien calculó que el plazo para la negociación definitiva será de dos o tres días y declinó comentar el monto de la oferta, que fuentes del gobierno situaron en unos u$s 140 millones.

Hasta ahora, la empresa brasileña exigía por las refinerías unos u$s 200 millones, precio calculado por analistas de mercado, pero Bolivia había ofrecido solamente u$s 60 millones por ambas plantas.

Si no hay acuerdo en un «breve» plazo, Gabrielli ratificó que Petrobras apelará a « todas las formas jurídicas posibles», entre las que citó un posible arbitraje internacional o una demanda ante la propia Justicia boliviana.

También consideró que si la compañía se ve obligada a apelar a la Justicia, «posiblemente no habrá clima» para ejecutar las nuevas inversiones previstas en Bolivia, cuyo monto tampoco precisó.