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La nueva norma establece que empresarios privados interesados en participar en iniciativas en telecomunicaciones, energía, transportes y saneamiento urbano, entre otras áreas, deberán aportar un 30 por ciento del capital para la realización de cada obra.
El gobierno, que asumirá el 70 por ciento restante, se encargará de seleccionar los grupos empresariales por intermedio de subastas.
Cada una de esas asociaciones tendrá la duración mínima de cinco años y no podrá sobrepasar un máximo de tres décadas, además de asegurar contratos por un mínimo de 20 millones de reales (unos 7,5 millones de dólares).
Esa integración de los intereses públicos y empresariales, muy común en Europa, se basa en compensaciones al capital privado por inversiones en obras con un largo plazo de retorno, con tarifas que benefician más al interés social que a la ganancia financiera.
En un discurso que hizo durante la ceremonia en la que dio su visto bueno a la ley, Lula señaló que las PPP buscan mejorar la infraestructura del país a largo plazo.
El gobernante, cuyo mandato concluirá en diciembre de 2006, matizó que hasta el fin de su gestión "probablemente" no se logren "grandes acuerdos".
"Independientemente de cuál sea el gobierno, dentro de ocho o nueve años, (el entonces gobernante) contará con un instrumento sólido", subrayó.
