Más conflictos por "paga el que llama"

Henoch Aguiar

La marcha atrás resuelta por la Secretaría de Comunicaciones para la modalidad «paga el que llama» entre celulares abre un debate mucho más amplio. Si en esta oportunidad las autoridades pudieron actuar aun tratándose de empresas con precios libres, fundándose en el artículo 34 del reglamento de servicio que permite intervenir en «casos excepcionales», no se explica por qué no se puede utilizar el mismo mecanismo para revisar lo que paga un usuario cuando llama de un teléfono fijo a un celular.

Los dos temas están fuertemente relacionados, aun cuando lo sucedido en las últimas semanas con el «calling party pays» entre móviles creó una confusión inusitada, y el gobierno, como en otras oportunidades, pagó el costo político de una medida que después debió rever. A partir de ahora las empresas seguirán presionando para que se aplique el sistema. Para esto, empezarán por presentar esta semana los planes con los nuevos precios, según lo exigido por la resolución de la Secretaría de Comunicaciones.

La historia comenzó en abril de 1997, cuando el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath estableció el sistema «calling party pays» (CPP) o «paga el que llama» desde un teléfono fijo a uno móvil fijando un precio de 0,35 de peso más IVA el minuto.

Los ingresos provenientes de esa modalidad permitieron un desarrollo espectacular de la telefonía celular, subsidiado por los usuarios de la telefonía fija. Casi simultáneamente en el interior del país empezaron a no cobrar a sus clientes las llamadas entrantes de otro celular, absorbiendo el costo de terminar la llamada en otra red. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, hasta la desaparición de Miniphone en noviembre de 1999, tanto esa empresa como Movicom cobraban igual al que hacía la llamada como al que la recibía en las comunicaciones de móvil a móvil. A fines del año pasado, Telefónica, Telecom y las prestadoras celulares (Unifón, Personal, CTI, Movicom más Nextel) firmaron un acta con la Secretaría de Comunicaciones para bajar el precio del CPP de fijo a móvil: en enero de este año bajó a 0,31 de peso, mientras ya regía desde un año y medio antes el precio de 0,20 de peso el minuto para el horario nocturno. La rebaja será gradual, y llegará a 0,28 de peso el 1 de enero próximo.

En la misma acta se acordó introducir el CPP para las llamadas entre celulares el 1 de enero, lo que finalmente se postergó para el 1 de este mes. El acuerdo interempresario presentado a principios de abril implicaba cobrar la tarifa de CPP que se percibirá de fijo a móvil en enero de 2002, equivalente a 0,28 de peso en horario pico y 0,20 de peso en horario no pico.

Para la Secretaría de Comunicaciones, la medida se justificaba en que todavía había (los seguirá habiendo ahora) casos donde paga tanto el que llama como el que recibe, y en la necesidad de darle más trasparencia al sistema. Esto debido a que resulta más barato llamar de un móvil a otro, que de un fijo a un móvil, lo que da lugar a numerosas maniobras de «elusión», sobre todo en las modernas centrales que las telefónicas ofrecen a los grandes clientes.

Las prestadoras se comprometieron, sin embargo, a que el CPP entre celulares tendría un impacto de 5% a 10% para sus clientes. Dijeron que 0,28 de peso iba a operar como precio máximo, de modo que estaban dispuestas, afirmaron, a utilizar distintas bonificaciones para que los que pagaban más de ese precio por el minuto no tuvieran aumento. El problema, según ellas, se reducía a una parte de la clientela estimada entre 11% y 15% que paga menos de 0,28 de peso el minuto y que debía pagar esa suma inevitablemente, porque ese monto se cobraba «por cuenta y orden» de la empresa en la que terminaba la comunicación (aun cuando la llamada empezara y terminara en la red de la misma compañía).

Tal como comprobó el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, en sus conversaciones grabadas a los servicios de atención al cliente, las empresas celulares presentaron el CPP como un «impuesto», «algo inevitable», o «impuesto por el gobierno».

Cambio unilateral

En realidad, ningún usuario de los que pagan con factura sabía a ciencia cierta cuánto iba a terminar abonando, porque tal como detectó Aguiar y llamadas realizadas en el mismo sentido por este diario, las empresas cambiaron unilateralmente los planes de los clientes, y la información sobre esos cambios era por lo menos confusa.

La situación deja en evidencia que las empresas de celulares no pueden seguir soportando los planes ofrecidos en los últimos años. Hay analistas que creen que sólo se trata de mala administración y de los «agujeros negros», cada vez más significativos que genera el sistema.

Pero también se sospecha que la recesión afectó a estas empresas de manera singular. En los últimos dos años siguió habiendo un fuerte crecimiento del número de clientes, pero simultáneamente una migración impresionante al sistema prepago. Hoy 70% de los usuarios usa tarjetas prepagas, con lo que el valor del minuto es sustancialmente más alto ya que equivale a 0,55 de peso más IVA, pero el tráfico que generan es mucho menor al de 1999: el celular se carga con tarjeta cuando se puede, y se lo usa más para recibir llamadas que para realizarlas.

En este contexto recesivo, las empresas de celulares no podrían soportar que se modifique el CPP de un teléfono fijo a uno móvil. Pero el debate lo puso sobre la mesa la norteamericana AT&T, que presentó un recurso contra la modalidad en marzo pasado y ahora está a resolución del ministro de Infraestructura, Carlos Bastos.

El razonamiento de la empresa es el siguiente: si el precio de la interconexión para que una llamada iniciada en la red de una compañía termine en la red de otra es de 0,011 de peso el minuto, no hay razones para que la terminación de la llamada en una red celular cueste 0,31 de peso, es decir, 0,299 de peso más.