Las jubilaciones de privilegio volvieron a ser blanco en los últimos días de diversas iniciativas tendientes a eliminarlas: ayer el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Alfredo Castañón, admitió que desde el Palacio de Hacienda se pretende que la supresión de este tipo de regímenes sea retroactiva a 1994. Bajo la misma tónica, un grupo de diputados de Acción por la República (AR) presentó el viernes dos proyectos de ley elaborados por Guillermo Alchouron, a través de los cuales se busca poner fin a los jubilaciones especiales y declarar la «emergencia previsional por un año».
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«No es posible que alguien que estuvo dos días como secretario de Estado reciba una remuneración que es un cachetazo» para el país, afirmó Castañón.
«La idea es sancionar una ley» que tenga carácter retroactivo a 1994 a través de la puesta en vigencia del Decreto 78/94 que puso fin a las jubilaciones de privilegio pero que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, agregó.
El funcionario consideró necesario que se eliminen las jubilaciones de privilegio pero diferenció este régimen del de las personas que perciben haberes especiales.
«Hoy, básicamente con dos años de secretario de Estado o ministro o cuatro años como legislador se accede a una jubilación de privilegio», graficó Castañón, quien calificó como una «barbaridad» que los ex presidentes de facto Roberto Levingston y Reynaldo Bignone estén acogidos a estos regímenes.
• Contradicción
«Si a un señor que gana 600 pesos le recortamos la jubilación 13% para equilibrar las cuentas, es evidente que no podemos mantener jubilaciones de privilegio», añadió.
Por su parte, un grupo de diputados pertenecientes a AR presentó el viernes dos proyectos para poner fin a los regímenes de jubilaciones de privilegio y declarar la «emergencia previsional».
Si embargo, la iniciativa, que también cuenta con el apoyo del «interbloque» conformado por la UCeDé, el Partido Federal y al Partido Demócrata, no afectaría a las jubilaciones ya otorgadas bajo estos regímenes, que se consideran como derechos adquiridos.
Concretamente, el proyecto intenta cortar los regímenes especiales proponiendo que todos aquellos que estén en condiciones de jubilarse lo hagan bajo el régimen general, sin excepciones. Esto implica, 65 y 60 años como mínimo para el hombre y la mujer, respectivamente, o tener 30 años de aportes.
En tanto, para complementar el primer proyecto y en vista de «el grave desequilibrio que soporta la Argentina en sus finanzas», se propone declarar la «emergencia previsional» por el plazo de un año, prorrogable por uno más. Ello implica un tope máximo de 3.100 pesos para los beneficios originados en los regímenes especiales que se encuentran vigentes. El ahorro generado por esta medida sería destinado a elevar la base actual de 500 pesos (susceptible de la dismininución de 13% tras la aprobación de la Ley de Déficit Cero) hasta alcanzar un piso de 1.000 pesos.
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