Medidas audaces para atacar el gasto de $ 100 mil millones

La disminución menos dolorosa y más efectiva del gasto público es que la Argentina consiga que le presten dinero a tasas más bajas. Cada punto de reducción de la tasa de interés son $ 1.000 millones menos de gasto público.
La Argentina paga hoy 13% anual. Bajar esa tasa a 10% implicaría reducir en 3.000 millones de pesos el gasto y, al mismo tiempo, la baja de tasas se trasladaría al resto de la economía con lo que aumentaría el consumo y subiría la recaudación.
No es una tasa absurda 10%, si se piensa que México se financia a 9% y Grecia a 6% por su ingreso a la Unión Europea.
José Luis Machinea buscó desde que asumió que le bajen las tasas para no despedir o bajar salarios. Pero erró el camino al querer alcanzar la meta vía impuestazo. El ministro de Economía creía que a más impuestos, más recaudación y, por lo tanto, menor déficit. Machinea imaginaba que con cuentas más presentables los mercados del mundo le darían dinero más barato. No fue así. La caída de la actividad, por el menor consumo, aumentó el riesgo-país y el ajuste se quedó sin premio porque las tasas para prestarle a la Argentina subieron.
Causas verdaderas
Con los anuncios de fin de semana de Fernando de la Rúa, por primera vez se busca atacar las verdaderas causas que generan el alto gasto público.
El gasto no es sólo lo que figura en el presupuesto de casi $ 50 mil millones al año. Las provincias y los 2.200 municipios del país gastan tanto como la Nación. El país tiene un gasto público total de $ 100 mil millones sumando todos estos conceptos. La presión tributaria es superior a 30%. Esto implica que estimando un PBI de $ 300 mil millones, la recaudación por impuestos nacionales, provinciales más tasas municipales alcanza a $ 90 mil millones. Hay una brecha de $ 10 mil millones que cada año se cubre con deuda.
Las provincias, al igual que la Nación, emiten títulos cada año para financiarse, pero deben garantizarlo con sus recursos de la coparticipación para hacerse del dinero. Así y todo toman plata a tasas de dos dígitos.
El recurso del endeudamiento ahora está al borde del agotamiento, de allí la necesidad que tiene la Argentina de un auxilio internacional al margen de los mercados.
Las grandes empresas privadas del país ya no son bienvenidas en los mercados del mundo para colocar obligaciones negociables. Durante algunos años accedieron a esos mercados y no necesitaron de los bancos locales para financiarse. Por lo tanto, el dinero que quedaba en el sistema para prestar al resto de las empresas era considerable y las tasas accesibles.
La realidad cambió. Después del efecto tequila en 1995 ese mercado internacional se empezó a cerrar. Sólo el gobierno podía tomar dinero en el exterior.
Pero desde setiembre no pudo colocar más bonos en divisas y debió acudir al mercado local. La tasa de 16% en pesos que pagó en la última licitación de LETES la semana pasada muestra que ya no tiene lugares donde financiarse.
Al acudir las grandes empresas y el gobierno al mercado local, la disponibilidad de créditos bajó muy fuerte y, por lo tanto, subieron las tasas. Estas mayores tasas que pagan gobierno, provincias y municipios son más gasto público e implican que el año que viene el gasto por la deuda externa sólo por intereses será de $ 12.000 millones.
Hoy los jubilados nacionales se llevan $ 18.000 millones cada año. Si se suman los de las provincias la cifra sube a $ 25 mil millones. El PAMI cuesta otros 3.000 millones. Como se ve entre deuda externa y sector pasivo se consumen 72% del gasto. Por el lado del presupuesto nacional ($ 50 mil millones) queda muy poco para recortar, de allí que el gobierno quiera un pacto fiscal con las provincias para aplicar los recortes sobre los $ 100 mil millones de gasto total. Este es el primer sinceramiento porque los presupuestos nacionales ocultaban la otra contabilidad al no incluir a las provincias.
Las provincias más deficitarias son atendidas con ATN por el Ministerio del Interior que en algún momento alcanzaron a $ 800 millones por año.
También reciben subsidios a los combustibles y al gas en la Patagonia y existe el Fondo del Tabaco. En total el Estado les transfiere casi $ 5.200 millones cada año.
En los anuncios del fin de semana hay medidas profundas para bajar el gasto. Eliminar el sistema de reparto de jubilación es una medida más audaz que la desregulación de obras sociales. El anterior gobierno no se animó a llegar a tanto.
La otra medida que está en marcha, pero no se anunció ampliamente para ahorrarse el costo político, es la que hace a las universidades.
Las universidades nacionales les cuestan a los contribuyentes1.816,7 millones de pesos cada año. Cada universitario cuesta 1.728 pesos y estudia gratis, no paga aranceles. Sobre alrededor de 950 mil estudiantes, se gradúan menos de 50 mil cada año. La gratuidad de la universidad hace que el tiempo de permanencia de los estudiantes no tenga costo para ellos.
En España las universidades estatales cobran un arancel que equivale a 20% de lo que se paga en las instituciones privadas. Si el sistema se trasladara a la Argentina implicaría que los estudiantes pagarían entre $ 700 y $ 1.800 anuales. La recaudación promedio sería de $ 1.000 millones. De esa recaudación una parte se debe destinar a becar para que estudien en forma absolutamente gratuita los alumnos carecientes. Con estos números en orden se podría conseguir financiamiento para las carreras de los estudiantes que deberán devolver cuando se gradúen. También se mejoraría la calidad de la ense-ñanza con docentes mejor pagos.
Otra erogación imposible de sufragar por los contribuyentes es la que originan los distintos estatutos docentes de las provincias. Por maestros suplentes en la Capital Federal se pagan $ 100 millones cada año. El ausentismo es de casi 30%, pero está justificado por las desproporcionadas ventajas que les da el estatuto para faltar y ser reemplazados. Estos estatutos contemplan días de licencia por adopción para maestros, prolongadas licencias pre y post parto para maestras. En algunos estatutos se les permite faltar un año cobrando 100% del sueldo y otro año con 50%. En todo el país estas ventajas cuestan por los sueldos adicionales a suplentes $ 800 millones cada año.
Este gasto es desproporcionado cuando se lo compara con el empleo público. La administración central, que supo tener 750 mil empleados, ahora tiene 291.287 que cuestan entre sueldos y aportes, 3.071 millones. Aquí los sueldos ya fueron rebajados y los impuestos a los salarios más altos aumentados. Quiere decir que los sueldos de suplentes más lo que se gasta por no arancelar las universidades, equivalen a todo lo que se les paga a los empleados públicos.
Evasión
Sin embargo, los gastos de educación jamás se mejoraron, por el contrario se llegó a crear un impuesto para aumentar a los docentes gravando a todo tipo de vehículos, sin exigir como contrapartida la reforma de los estatutos provinciales.
La privatización de la recaudación junto a la reforma impositiva son el otro vértice del plan. La evasión alcanza a niveles muy altos. A los altos impuestos nacionales hay que sumarles impuestos provinciales y municipales. Ingresos Brutos es el impuesto provincial más injusto ya que desalienta el pago de impuestos. Al revés del IVA, Ingresos Brutos no se puede deducir ya que grava cada etapa de la transacción aunque sea del mismo producto.
Aquí se produce una contradicción. En el presupuesto hay partidas importantes encubiertas para financiar y capacitar a las PyMEs. Pero la aplicación de Ingresos Brutos le da ventaja a la gran empresa que concentra todas las fases de fabricación de un producto, ya que paga una sola vez ese gravamen. En cambio, las PyMEs lo pagan en cada etapa de la fabricación, engrosando sus costos considerablemente ya que el gravamen, de acuerdo con la provincia, oscila entre 3% y 6%. Por ejemplo, las comisiones de las AFJP, cuando se quiere estimular la jubilación privada, pagan 5% de ingresos brutos.
Como se ve, la apuesta del plan es fuerte porque las reformas son profundas y tendrán un gran costo político. Jubilados, docentes y universitarios son grupos de alta capacidad de movilización.