Morales: "Habrá seguridad jurídica para las empresas"

Antoni Brufau

La Paz (EFE, AFP) - El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró ayer confiado en que Bolivia y Repsol YPF llegarán a un acuerdo, y garantizó seguridad jurídica para las empresas españolas, tras reunirse con la vicepresidenta primera del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega.

En conferencia de prensa conjunta, y tras mantener un encuentro de trabajo, la funcionaria española subrayó la «voluntad clara y firme» de Repsol YPF, que preside Antoni Brufau, de permanecer en Bolivia y mantener sus inversiones, y aseguró que si Morales «dice que las cosas van bien (en la negociación con la petrolera), es que van a salir bien».

De hecho, Morales se mostró seguro de que el acuerdo se logrará incluso antes de que venza el plazo de 180 días fijado tras la publicación del decreto de nacionalización, que concluye a principios de noviembre.

Además, aseguró que Repsol le ha transmitido «su voluntad decidida de permanecer en el país y realizar fuertes inversiones», por lo que en este momento se está negociando «la fijación de condiciones que creen un marco jurídico financiero aceptable para ambas partes». La petrolera hispanoargentina opera en el país andino desde hace una década y gestiona 25,7% de la reserva boliviana de gas, la segunda más importante de Sudamérica, con 1,55 billón de metros cúbicos.

Morales reiteró también su deseo de «no expropiar ni expulsar a nadie» y de establecer relaciones de «socios» con las empresas de hidrocarburos, y se mostró convencido de que la Asamblea Constituyente que se instalará el próximo domingo ratificará esta decisión del gobierno. Subrayó también la importancia que tiene para Bolivia la continuidad de las inversiones extranjeras, para lo que es imprescindible dar seguridad jurídica y establecer normas mediante el diálogo.

Por su parte, Fernández de la Vega anunció que «todo el conjunto de la deuda boliviana va a ser perdonado» por España.

Así, explicó que, de los 100 millones de euros de deuda contraída por Bolivia con España, 27 millones han sido ya condonados o canjeados por programas de educación; 49 se están negociando, y la condonación de los restantes 24 será pactada en un futuro próximo.

También dijo que el gobierno español tratará de aportar su experiencia en materia constitucional y territorial al proceso político que vive Bolivia, y que un grupo de expertos bolivianos viajará a España para conocer los avances en la lucha contra la violencia y los procesos de reforma de los cuerpos de seguridad del Estado.

Ambos acordaron que Morales designará un «interlocutor único y de confianza» al que las compañías españolas se puedan dirigir para «aclarar dudas o malentendidos y que las incertidumbres se reduzcan» y que así haya «mayor seguridad y confianza».

Tras la reunión, asistieron a la firma del acta de la IX Comisión Mixta Hispano Boliviana de Cooperación hasta 2010, que establece las prioridades de la ayuda española y detalla los proyectos e iniciativas que contarán con una financiación que, sólo para este año, asciende a 60 millones de euros.

En el acto de la firma, la secretaria de Estado de Cooperación, Leyre Pajín, que acompaña a la vicepresidenta, advirtió, sin embargo, de la existencia de una serie de condiciones para dar continuidad al apoyo español.

«Para que este empeño sea sostenible y sus resultados se consoliden en el tiempo es requisito fundamental un adecuado clima de gobernabilidad, de seguridad jurídica y física, y un compromiso de profundización democrática que contribuyan a crear las bases para atraer distintas inversiones del exterior», dijo la funcionaria.