El Ministerio de Economía de la Nación quiere que los gastos de las Legislaturas y tribunales provinciales no superen en un futuro más de 3 por ciento del presupuesto de cada distrito, con el fin de poner un tope al endémico déficit que generan dichas instituciones. Desde su concepción, la medida ya se vislumbra como futura generadora de conflictos con las gobernaciones. El subsecretario de Relaciones con las Provincias, Oscar Cetrángolo, fue el funcionario designado por el ministro José Luis Machinea, para encarar el difícil diálogo con las provincias y acordar esta delicada cuestión.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El recorte de gastos en la provincia no sólo es una preocupación para el gobierno que encabeza Fernando de la Rúa, sino que también lo es para el FMI, que puso justamente como condición para aprobar el blindaje financiero que sean ajustados los egresos de los poderes provinciales en cuestión. El secretario de Programación Económica y Regional de la Nación, Miguel Bein, recordó al respecto que los gastos legislativos de las provincias «no pueden superar 1,5 por ciento» de sus respectivos presupuestos. Según el funcionario, el objetivo del Poder Ejecutivo Nacional es «poner en caja los gastos legislativos provinciales, tal cual lo establece el compromiso federal que suscribieron los gobernadores con De la Rúa». El debate sobre el posible achicamiento de las Legislaturas recrudeció tras conocerse un informe elaborado por el gobierno nacional, según el cual los diputados formoseños son los más caros del país: cada legislador le cuesta al Estado 1.580.000 pesos anuales en concepto de sueldo y viáticos. A Formosa le siguen en nivel de costos la Legislatura bonaerense ($ 1.369.000 anuales por legislador) y la de Chaco ($ 1.200.000). En este contexto se ubica además la propuesta del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, quien propuso eliminar el sistema bicameral en su provincia como forma de realizar un ajuste y achicar el déficit presupuestario. Informate más
