No logran capitalizar a los bancos suspendidos

Montevideo (de nuestra agencia) - El Banco Central del Uruguay (BCU) contratará en forma urgente a una consultora de primera línea para que evalúe la situación de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, y elabore propuestas viables en un plazo de 20 días sobre el futuro de estas instituciones.

Los tres bancos, junto con el Crédito, tienen la actividad suspendida hasta fines de este mes, en algunos casos, y hasta el 6 de octubre, en otros. Las autoridades económicas reiteraron ayer que «es difícil lograr la reapertura», pero que «se está haciendo todo el esfuerzo para lograrlo».

A nivel político, se informó ayer que no se ha logrado aún reunir los requisitos de capitalización, liquidez y programa de acción para que un inversor privado proceda a la reapertura de alguna de estas instituciones, aunque se reconoció que están muy avanzadas las negociaciones por el Banco de Crédito.

El director del Banco Comercial, Paul Elberse, se reunió ayer en Nueva York con representantes de los tres bancos accionistas de la institución, el JP Morgan Chase, el Dresdner Bank y el Crédit Suisse First Boston. Estas instituciones podrían facilitar nuevas líneas de crédito a través de terceros para aportar liquidez y buscar formulas para mejorar la capitalización. Elberse se está contactando también con otros bancos internacionales interesados en el Comercial e informándolos de la situación y perspectivas del banco.

Entre esos contactos se incluyen representantes de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, para tratar de avanzar en algún tipo de definición. Se maneja, además, la posibilidad de que la CFI aporte u$s 30 millones de liquidez al Comercial.

Representantes del Grupo Moon, accionista minoritario del Banco de Crédito, mantienen también en Estados Unidos contactos con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de los organismos internacionales de crédito, informando sobre la oferta de capitalización presentada en los últimos días a las autoridades uruguayas.

En la primera semana de setiembre, el BCU prorrogó por 30 días la intervención y suspensión de actividades de los bancos Comercial y Crédito, que se extiende ahora hasta el 6 de octubre, mientras que los bancos Montevideo y Caja Obrera tienen similar situación hasta fines de este mes.

El Banco Central amplió también a fines de agosto a u$s 50.000 los montos máximos a retirar de los depósitos en caja de ahorros de estos cuatro bancos. Habilitó, además, a los bancos suspendidos a pagar los negocios rurales realizados antes del 30 de julio pasado y efectivamente cobrados. Los bancos Comercial, Crédito, Montevideo y Caja Obrera están también pagando cheques certificados, cheques internos y letras de cambio en moneda nacional y extranjera que hubiesen emitido antes del feriado bancario del 30 de julio.

En estos cuatro bancos hay unos u$s 1.083 millones en plazos fijos en dólares que no tienen decisión sobre su devolución, a los que se suma el equivalente a u$s 420 millones en cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares y pesos que está siendo devuelto desde el pasado 12 de agosto.

En las cuatro instituciones, hay mucha disponibilidad de los ahorristas para reprogramar los vencimientos de los plazos fijos a un período de hasta tres años y utilizar parte de esos recursos para capitalizar a las instituciones. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), uno de los sindicatos más fuertes del país, está también apoyando firmemente una salida a esta crisis, ofreciendo rebajas en salarios y capitalización con aportes regulares. El problema, sin embargo, es lograr un plan viable de acción futura, una administración con experiencia y buen nivel técnico y -lo que es fundamental- dotar de liquidez a las instituciones, para lo cual es necesario un aporte de un accionista privado, lo que se viene negociando en algunas de las instituciones, a partir de consultas realizadas por grupos económicos internacionales.

Hasta ahora, la única negociación concreta es por el Banco de Crédito, donde el accionista minoritario de la institución -el accionista mayoritario es el Estado, que se retirará del banco- planteó una fórmula con un aporte de liquidez, que las autoridades consideran insuficiente.