El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se encontrará hoy, cuando visite el Senado, con una posición más dura de los legisladores en relación con poner límites a los juicios que empresas privatizadas entablaron contra la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el CIADI (esas demandas podrían sumar hasta u$s 80.000 millones). El ministro escuchará esta vez a los senadores, como Jorge Capitanich, que sostiene la idea de establecer un sistema de apelación del gobierno ante tribunales locales para las sentencias arbitrales contrarias emitidas por el CIADI en casos nuevos y dejar a decisión de la Corte Suprema las sentencias sobre casos que ya fueron presentados.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Para el gobierno, por el contrario, no sería necesario en realidad modificar el actual esquema legal como pretenden senadores y diputados (Rosatti entrará en la Cámara baja la semana próxima, donde existen otros proyectos sobre el mismo tema). Se reconoce como mejor camino avanzar en interpretaciones de los tratados bilaterales de inversiones, pero sin cuestionar su existencia, es decir, consensuar sin estridencias que puedan ser interpretadas como una violación a la seguridad jurídica. Es, de hecho, la línea que se manejó desde la Procuración del Tesoro en las audiencias de París y que terminaron con saldo positivo para la Argentina.
Uno de los casos más citados de la aplicación de esa política es el de CMS, donde Estados Unidos no aceptó la presentación de una demanda; o los casos de conflictos de interés entre deudores del Banco Mundial que al mismo tiempo someten divergencias al arbitrio del CIADI.
• Argumento
El gobierno, y de esto hablará hoy Rosatti con los senadores, considera, además, que las cuestiones son legalmente muy complicadas como para avanzar con un nuevo esquema legal que vaya más allá de una declaración del Congreso. Como, por ejemplo, que en muchos de los 62 casos donde la Argentina está denunciada por empresas ante el CIADI no está cuantificado el monto de la demanda.
El argumento más sólido que se discutirá hoy con los senadores es que no es necesaria en este momento una modificación al estatus legal que fija el artículo 23 de la Constitución nacional al colocar los acuerdos internacionales en un nivel de primacía sobre la legislación local, pero por debajo del imperio de la Constitución misma.
• Vigencia
Bajo este esquema, incluso, ya se han habilitado casos de apelación judicial de decisiones arbitrales ante tribunales locales. Por eso se insiste en que el gobierno en ningún momento desconoce los tratados internacionales de inversión, ni tampoco ha cedido nunca jurisdicción, más allá de las interpretaciones que impone ese artículo 23, que opera como cláusula que todo inversor debe dar por conocida.
Capitanich, por su parte, sostiene que su iniciativa apunta a la «vigencia de la normativa hacia el futuro» y deja la interpretación para los casos anteriores: «Para atrás hay un criterio interpretativo desde el punto de vista jurisprudencial argentino donde la Corte deberá establecer cómo eventualmente se ejecuta un fallo del tribunal del BM».
«Nuestra interpretación es que tiene que tener una aprobación por parte de los tribunales argentinos», confirmando que se refería en ese caso a la intervención de la Corte Suprema.
«Mi proyecto habla hacia el futuro, indica que la empresa tiene un plazo de 6 meses para la instancia jurisdiccional local y después recién puede accionar ante el CIADI», dijo ayer Capitanich.
Dejá tu comentario