Patricia Bullrich decidió avanzar en varios de los frentes de la política laboral hasta convertir, esta semana, esa área de gestión en la más dinámica de todo el gabinete. Ayer anunció el comienzo de la renegociación de los convenios colectivos que están fosilizados por culpa de las cláusulas de «ultraactividad» (es el principio por el cual una convención mantenía su vigencia más allá de la fecha de vencimiento si una de las partes se negaba a negociarla nuevamente). Son unos 200 convenios, entre los que se encuentran algunos que expiraron sencillamente porque expiró la actividad a la que estaban referidos (por ejemplo, convenios de empresas fallidas como Sudamtex). Otros, en cambio, están referidos a actividades como la metalurgia o la pesca, y son política y económicamente más relevantes.
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La renovación de estas convenciones se hará a lo largo de dos años y no aportará demasiadas novedades en sí misma por las limitaciones que introdujo el híbrido laboral que se votó el año pasado. Sin embargo, algún dinamismo podría esperarse de otro tipo de reforma que pretende encarar el gobierno. Se trata de las modificaciones a la Ley de Asociaciones Profesionales que llevará la ministra Patricia Bullrich a la asamblea anual de la OIT esta semana. Entre los cambios, hay dos que, indirectamente, incidirían en la dinámica de la negociación colectiva si se aprobaran por medio de una ley (alternativa harto hipotética actualmente).
El primero de ellos es que se le daría personería gremial -y con ello, capacidad para negociar un convenio colectivo-a la agrupación que demuestre tener 5% más afiliados que la entidad que goza de la personería del sector (como es sabido, el sistema sindical argentino está basado en el reconocimiento del Estado y en la existencia de un sindicato único por actividad) y no, como sucede ahora, a la que demuestre 10% más. Esta reforma, si se lleva al campo legislativo efectivamente, podría impulsar una renovación completa de varios convenios, sencillamente porque cambió el sindicato que debe suscribirlo.
Otra innovación que se discutirá en la OIT es la habilitación de las entidades «simplemente inscriptas» para que los empleadores les realicen aportes. «Simplemente inscripta» se llama a una organización de trabajadores que no es mayoritaria en una actividad dada (y por eso, carece de personería gremial), pero tiene afiliados, aunque no pueda suscribir el convenio colectivo. Lo que se permitiría en adelante es que esa entidad pueda requerirles a los empleadores que les descuenten a sus afiliados la cuota sindical correspondiente.
Pluralismo
Como en el caso anterior, una modificación como ésta, que se someterá a la consideración de la OIT, abriría un poco el cerco reglamentario que les garantiza a los sindicatos tradicionales una clientela cautiva y le daría más pluralismo a un sistema caracterizado por el unicato de los grandes gremios de alcance nacional, en detrimento de los de empresa o región.
Es cierto que estas innovaciones demandan leyes de difícil sanción, pero indican una tendencia que los sindicalistas temen, y no sólo por una cuestión de poder en estado puro, sino también por motivos crematísticos: el sindicato que obtiene la personería gremial tiene derecho a reclamar la obra social de sus representados. Y, como se sabe, «la caja» es lo que más celan los voraces sindicalistas.
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