Otra vez la Ley de Quiebras tensa el clima del Congreso

El Congreso avanzará esta semana con una ley que prorrogue la suspensión de ejecuciones judiciales. Los legisladores creen que el gobierno los traicionó la semana pasada cuando prometió un decreto de prórroga por 30 días para frenar una ley que, a su vez, las aplaza por seis meses (ponía en peligro un acuerdo con el FMI) y luego no cumplió. Ahora diputados y senadores volverán con la idea de una ley que puede prorrogar ejecuciones por 180 días, si triunfa la tesis más enfervorizada, o por 30 días, hasta debatir cambios en la Ley de Quiebras y sancionar una mediación compulsiva. Pero en medio del debate surge otro fantasma: hay temor en el Congreso de que los grandes grupos endeudados (básicamente el monopolio «Clarín») traten de beneficiarse presionando para ser incluidos en este nuevo cambio a la Ley de Quiebras. Por eso en el Senado y Diputados piden un plazo mínimo de 30 días -con suspensión de rematespara estudiar esa iniciativa.

La sombra de una nueva guerra por la Ley de Quiebras comenzó a asomar esta semana en el Congreso. El conflicto generado por la inminente reanudación de las ejecuciones judiciales, que el gobierno no solucionó prometiendo un decreto de prórroga por 30 días que finalmente no firmó, supuestamente por oposición del FMI, podría tener un freno esta semana mediante el debate de dos proyectos para aliviar la situación de los deudores: cambios en la Ley de quiebras para deudores comerciales menores y mediación compulsiva para particulares. Pero los senadores y diputados ya advierten que esas iniciativas no podrán tratarse en una semana, no sólo por la complejidad del tema sino porque, además, temen que en los cambios en Quiebras vuelvan las presiones para beneficiar a las grandes empresas endeudadas. Todo camuflado, como ocurre normalmente, detrás de una ayuda a las PyME y los pequeños deudores. Por lo tanto, y para intentar no caer en una nueva ley «Clarín», los legisladores quieren saber con precisión a quiénes se beneficiará con los dos proyectos de ley que deberá enviar el Ejecutivo al Congreso. Mientras tanto están decididos a impulsar una prórroga para frenar las ejecuciones por ley. El plazo de esta postergación dependerá ahora del poder del gobierno para convencer a los legisladores sobre los costos y beneficios de volver a congelar los procesos judiciales, algo que deberá hacer Alfredo Atanasof en una reunión convocada para mañana. (Ver nota aparte).

Lo cierto es que, sin lugar a dudas, el Congreso no puede modificar en cinco días la Ley de Quiebras para introducir un procedimiento de concurso especial para las pequeñas empresas y deudores dándoles la posibilidad de acceder a un acuerdo con sus acreedores y al mismo tiempo regular con mayor rigidez la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales o a convenios vigilados por el Juez interviniente. Como ejemplo basta el tratamiento de la anterior modificación a la Ley de Quiebras que demoró semanas y estuvo a punto de convertirse en un escándalo cuando se comprobó que los grandes grupos monopólicos estaban a punto de colgar en esa legislación todas sus pretensiones en cuando a renegociación de deudas, beneficios de la pesificación y cobertura ante default de obligaciones contraídas en dólares en el exterior.

«Este es el país del monotributo. Existen grandes empresas donde aparecen sólo monotributistas o pequeños contribuyentes. A ver si hacemos esta ley para proteger a los tipos que están por ejecutar la semana que viene por dos pesos y terminamos salvando a los grandes que pesificaron e igual no quieren pagarle a nadie», decía ayer un senador.

Tampoco se llegaría a tiempo antes del próximo viernes, cuando vence la prórroga vigente en las ejecuciones judiciales, para establecer un nuevo régimen de mediación compulsiva, que emanaría de un estudio realizado para el Banco Mundial.

Pero sobre todo, y más allá de los plazos parlamentarios, existen muchas dudas entre los legisladores sobre las verdaderas intenciones del gobierno.

La semana pasada el radical Raúl Baglini se encontraba acompañando a Roberto Iglesias en una reunión en el despacho de Roberto Lavagna. Terminados los temas provinciales el ministro le preguntó al senador: «¿Qué van a tratar en la sesión de hoy?». «Mirá, está previsto tratar una prórroga de 180 días a las ejecuciones judiciales», le contestó Baglini.

«Pero si yo le mandé a la Jefatura un proyecto de DNU con prórroga por 30 días y dos proyectos que ya deben estar listos. Esto puede traer un conflicto con el Fondo», replicó el ministro.

Un rato después se reunía en el Senado la Comisión de Labor Parlamentaria donde José Luis Gioja relataba una advertencia similar de Lavagna hacia él.

Enseguida se armó una reunión de emergencia con diputados, senadores, Atanasof y Jorge Matzkin, donde los ministros prometieron la firma del decreto de los 30 días. No obstante eso, producto de la desconfianza y la interna del PJ al mismo tiempo, la senadora adolfista Liliana Negre de Alonso pidió en el recinto el tratamiento del proyecto de 180 días. Gioja pidió la palabra, informó de las promesas del Ejecutivo y, bajo esas condiciones, se acordó aprobar una preferencia para tratar la postergación con o sin despacho de comisión en la sesión del próximo miércoles, si el Ejecutivo incumplía la promesa.

• Incredulidad

Al día siguiente el propio Atanasof anunciaba que Eduardo Duhalde no firmaría el decreto.

Frente a esto en el Congreso comenzó una creciente incredulidad en cuanto a los argumentos del Ejecutivo. Y esa sensación encontrará mañana Atanasof cuando se le pidan explicaciones para saber si la oposición a la medida por 30 días mientras se debate el proyecto proviene del FMI, de Lavagna o de algún otro sector, descartando desde ya que ningún banco está interesado en que se posterguen las ejecuciones judiciales.