Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal e Infraestructura, se reunió ayer con todos los sectores ligados a la actividad agropecuaria en el país. Les presentó a sus colaboradores y asesores en la materia, los invitó a continuar con ellos el tratamiento de los intereses del campo y hasta se hizo cargo de llevar a la mesa de Néstor Kirchner el reclamo de los exportadores de granos por una ley de liquidación del Impuesto a las Ganancias que consideran injusta. En ningún momento de la reunión, prolongada y cordial, apareció el nombre de Roberto Lavagna, el ministro bajo cuyo imperio administrativo figura la política agropecuaria. Tampoco el del Secretario de Agricultura, Miguel Campos, cada vez más aislado de la trama de organizaciones en que se articula esta actividad.
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La actitud de De Vido se agrega a un «detalle» que también se verificó esta semana y que consignó este diario: Lavagna tampoco fue incluido en la comisión que proyectará la nueva Ley de Coparticipación de Impuestos, que debe aprobarse en agosto de 2004, según lo que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional. Si se recuerda que el lunes de la semana pasada el mismo ministro de Planificación e Infraestructura fue el encargado de reunir al Presidente con los directivos de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), encabezada por Jorge Brito, y que tampoco Lavagna estaba en la foto, se advertirá que en torno al ministro de Economía existe algún enrarecimiento. Por decir lo menos.
El fantasma de la salida de Lavagna del gobierno ronda a la administración Kirchner desde su misma llegada al poder. Se alimenta de varios factores, veraces o imaginarios. Por ejemplo, que el ministro ocupa el cargo más por imperio de una atípica circunstancia electoral que por selección del Presidente. Que, además, Lavagna se imaginó a sí mismo candidato a la primera magistratura, apoyado por un sector de la Unión Industrial, otro del sindicalismo y, sobre todo, en una operación de boicot a la candidatura de Kirchner que se gestaba en la imaginación de Carlos Ruckauf. Estos motivos siguen operando en el fondo de la vinculación entre Kirchner y su ministro, pero eso no quiere decir que necesariamente conduzcan a su reemplazo o salida: hasta ahora sólo podría hablarse de una maniobra de sometimiento y de captura de áreas de gestión por parte del kirchnerismo, que en rigor comenzó con la creación del Ministerio de De Vido y, especialmente, con la transferencia a esa cartera de la Secretaría de Energía, la más preciada de los santacruceños y, curiosamente, del Lavagna de Eduardo Duhalde.
• La reunión de ayer
Ahora hay que poner el foco en lo que sucedió ayer. El titular de Planificación recibió a todos los sectores de la denominada «cadena agroindustrial», sector más o menos orgánico que reúne desde productores agropecuarios hasta industriales químicos, pasando por empresas de transporte y por los exportadores de granos, que fueron puestos por Lavagna en el centro de sus ataques. El titular del Palacio de Hacienda no recibió nunca a este bloque, al menos durante la etapa que inició el 25 de mayo pasado. El secretario Campos, en cambio, sí mantuvo trato con los dirigentes del agro aunque todo se arruinó cuando, a despecho de lo que anticipaba en sus reuniones reservadas con el sector, concurrió al Senado a defender la modificación que el gobierno introdujo en la ley de liquidación de Ganancias para los exportadores de granos. A tal punto se distanciaron el secretario y los integrantes de la «cadena» que Manuel Cabanellas, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tuvo un cruce verbal con Campos del que este diplomático todavía no se recuperó.
Fue precisamente Cabanellas quien organizó la reunión con De Vido. El canal entre ambos es un funcionario que trabaja con Campos pero reporta al ministro de Planificación y, por esa vía, al propio Kirchner. Es Javier María de Urquiza, subsecretario de Economía Agraria, un santacruceño que militó en la filial patagónica de CRA durante muchos años. «Ustedes lo conocen a Javier, trabajen con él y con los demás hombres del Presidente en el área», indicó De Vido a sus visitantes, una vez que le explicaron todas las operaciones que deberían realizarse para que la Argentina llegue a producir 100 millones de toneladas de granos por año, lo que implica llevar adelante programas también en el campo de la infraestructura (puertos, caminos, hidrovía, ferrocarriles, etcétera). Esos colaboradores a los que se refirió el anfitrión, hombres de Kirchner adscriptos al área de Lavagna, estaban también allí: son Carlos Milisevich, asesor de De Urquiza, y Carlos Cheppi, vicepresidente del INTA.
Antes del encuentro plenario, en el que participaron los delegados de unas 30 entidades del sector agropecuario, De Vido tuvo una reunión más reducida con Cabanellas, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Arturo Llavallol y uno de los dirigentes de la Cámara que reúne a las empresas exportadoras de cereales, Ciro Echesortu, de Louis Dreyfus. Fue en esa entrevista que se tocó, muy al pasar, la ley de liquidación de Ganancias para las cerealeras. La norma está basada en la presunción de Lavagna, ventilada dentro y fuera del país, de que el sector cerealero elude impuestos por vía de operaciones comerciales con empresas vinculadas radicadas fuera del país. El artículo 2° de esa norma produjo un escándalo en el sector, al obligar a liquidar Ganancias sobre la base del precio más alto de una operación, sea el que se fija cuando ésta se pacta o cuando se efectúa el embarque. Los cerealeros pretenden, como le explicaron ayer a De Vido, que se vete ese artículo y se establezca un método de liquidación similar al que aplica el mismo Ministerio de Economía para calcular las retenciones a las exportaciones y tomando como base el precio que la misma Secretaría de Agricultura publica en su página Web. El ministro De Vido no tomó compromisos sobre esta gestión, pero aseguró que habrá comunicación con el sector, a sabiendas de que Lavagna había advertido: «Los voy a recibir cuando se apruebe la ley por la que quieren venir a quejarse».
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