El fantasma del caso Greco volvió a sobrevolar anoche el recinto del Senado, aunque no se trate en este caso de una maniobra tan conflictiva como lo fue el proyecto que incluyó el pago de $ 578 millones a ese grupo en diciembre pasado por una deuda con sentencia judicial que ahora está cuestionada. Anoche, Jorge Capitanich convocó de urgencia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside para dictaminar sobre un proyecto de ley que instruye al Ministerio de Economía sobre las prioridades de pago de deudas del Estado a cancelar con bonos.
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Esa iniciativa regirá para los pagos a realizarse con los $ 3.500 millones en títulos de deuda autorizados en el Presupuesto 2007. Se fijó, entonces, que con esos fondos se deberá dar prioridad al pago de deudas con los ex empleados de YPF -por el Programa de Propiedad Participada-, y de deudas con jubilados del área seguridad -todas verificadas, que el Estado debe cancelar- y en último lugar se ubicó el rubro «deudas con proveedores».
A muchos les causó escozor que ese «rubro» volviera a mencionarse ya que fue allí donde el gobierno incluyó, aunque ahora lo niegue, las órdenes de pago para los ex integrantes y herederos del Grupo Greco. Ese pago ahora sería imposible de realizar -a pesar de que el juez Francisco de Asís Soto sigue intentando efectivizar su sentencia- desde que Felisa Miceli ordenó declarar nulo todo lo actuado y denunciar el tema ante la Justicia.
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