Pacto Fiscal: apura Nación aprobación en legislaturas

«Si la Legislatura no le aprueba el Pacto Fiscal, se va a tener que olvidar de un financiamiento extra para rescatar los Federales.»

La advertencia pertenece a un funcionario del Palacio de Hacienda nacional y fue dirigida ayer al ministro de Economía entrerriano, Oscar Berón, quien desembarcó nuevamente en Buenos Aires para acelerar los envíos de coparticipación.

Berón pretendía tener más precisiones sobre los fondos extra para el rescate de cuasi monedas, cuya remesa a las provincias se activaría después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Inundada de bonos y sin financiamiento extra, Entre Ríos va a quedar aislada del país», dramatizó ayer una fuente del gobierno del radical Sergio Montiel. El marco: el tenso escenario político entrerriano, donde el megabloque opositor intenta iniciarle juicio político al mandatario.

Una de las exigencias del FMI apunta a que las legislaturas ratifiquen los pactos fiscales que las provincias firmaron con Nación para ajustar los déficit locales.

La presión nacional aceleró en las últimas semanas el aval legislativo de dos pesos pesados: Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, algunas provincias aún no respetaron este paso.

Mientras tanto, ayer continuó el desfile de funcionarios provinciales ante los despachos nacionales para reclamar el envíos de fondos
adeudados.

Por caso, ayer el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Fernando Yarade, y el secretario general de la Gobernación, Javier David, se reunieron con el ministro del Interior, Jorge Matzkin para reclamarle el pago de una deuda de cerca de $ 3,4 millones para la manutención de presos por causas federales que permanecen alojados en establecimientos penales de Salta.

El reclamo salteño creció en las últimas semanas, al punto que el gobierno que encabeza el justicialista Juan Carlos Romero pidió a Nación que arbitre los medios para enviar esos presos federales al Servicio Penitenciario. «Desde Nación quedaron que en estos días nos enviaban los recursos y terminaban con el acuerdo para el pago de esta deuda», aseguró antes del encuentro el vicegobernador salteño, Walter Wayar.

•Bonos

El gobierno mendocino, en tanto, está con la sangre en el ojo porque Eduardo Duhalde no cumple su promesa de brindar ayuda a las finanzas locales para pagar el bono Aconcagua, título que, con cada vencimiento, pone al borde del default a la provincia.

Fuentes cuyanas aseguraron a este diario que el último vencimiento del bono debió ser pagado gracias a un adelanto de regalías por parte de Repsol-YPF.

A los 47 millones de pesos que aportó la empresa, el gobernador Roberto Iglesias debió agregar dinero de su administración para sumar los 12,5 millones de dólares de la cuota que debía abonar el pasado 4 de setiembre.

Los mendocinos aseguran que el gobierno central se comprometió en el Pacto Fiscal a asistir financieramente a la provincia, pero que no cumple porque el Banco Central traba el mecanismo por el cual el Banco de la Nación podría adelantar el dinero que necesita Iglesias para pagar los vencimientos del Aconcagua.

El martes pasado, la provincia debió descontar de las regalías la primera cuota de la deuda que mantiene ahora con Repsol-YPF. La petrolera pagó 29 millones de pesos en lugar de los 34 millones que le corresponden todos los meses en ese concepto.

Ahora, los economistas cuyanos esperan que la situación cambie cuando se produzca el siguiente vencimiento del bono Aconcagua el próximo 4 de marzo.