Todos los países que en los últimos quince años reestructuraron su deuda terminaron arreglando con aquellos que no ingresaron originalmente al canje. Este es el antecedente al que echan mano los fondos buitre para presionar al gobierno y apostar a una nueva chance para conseguir ventajas. Un informe de Orlando Ferreres y Asociados detalla las salidas encontradas por media docena de países que realizaron canjes. Pero la diferencia con la situación de la Argentina es que en todos los casos la tasa de aceptación superó 90% y que los montos que quedaron fuera de la transacción no superaron en ningún caso los u$s 645 millones que correspondió al caso ruso. La renegociación argentina dejó afuera bonos por un monto equivalente a casi u$s 20.000 millones. Sólo en algunos casos concretos,como el de Pakistán, se terminó reabriendo tres veces el canje. Sólo habían quedado u$s 32 millones de una renegociación pequeña, apenas u$s 610 millones.
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Ecuador consiguió en 2001 97% de aceptación en una reestructuración por u$s 6.600 millones. En estos casos pagó con bonos con menor fuerza legal que los emitidos en la renegociación.
La mayor renegociación anterior a la de la Argentina fue la de Rusia. Ese país entró en default en 1998 e involucró deuda por u$s 31.600 millones. Quedaron u$s 645 millones afuera, que terminaron entrando en negociaciones bilaterales con el gobierno. Sólo unos pocos se quedaron con los títulos aún en cesación de pagos.
El gobierno argentino negó la posibilidad de una reapertura del canje. Pero no se descarta que en algún momento acepte una negociación bilateral con aquellos fondos e inversores minoristas que decidan incorporarse a la operación. «Hasta ahora no hay un solo acreedor que se haya presentado con la inquietud de sumarse al canje», aseguraron en Economía.
Los acreedores díscolos están a la expectativa de la evolución de las acciones judiciales que se están desarrollando en Nueva York. El miércoles próximo será la audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, que deberá definir si mantiene o libera el embargo sobre bonos argentinos por el equivalente a u$s 7.000 millones. Si la decisión judicial es favorable a la Argentina, el Ministerio de Economía procurará llevar adelante de manera inmediata la entrega de los nuevos títulos para cerrar el canje.
