Peaje: debe bajar a partir de hoy, pero siguen dudas

A partir de ayer está en vigencia el decreto que impone una rebaja de 30% en los peajes para automóviles y camionetas, y de 60% para camiones y ómnibus de larga distancia. A pesar de la publicación de la norma, que lleva el número 802/01, los empresarios del sector seguían esperando aclaraciones por parte del Ministerio de Infraestructura, dado que -según decían voceros oficiosos-«nos enteramos por los diarios de que debíamos bajar los precios».

Desde ese sector estaban que trinaban: imputaban al gobierno no haberlos consultado para elaborar la medida; decían que les parecía inexplicable el apuro por sancionarla, «cuando todavía están a la firma otros decretos consensuados hace meses»; que el mismo había sido dado a conocer «en un marco complicado, porque se mantiene una deuda de u$s 300 millones que el gobierno no parece dispuesto a pagar» y hasta uno de ellos llegó a arriesgar una visión apocalíptica para el futuro del sector: «Esto es el fin de hecho del sistema de concesiones; si se ha producido un cambio de filosofía en el gobierno, que lo digan claramente. ¿Qué sentido tiene mantener el peaje cuando en realidad la mayor parte de los fondos para el sistema vial provendrá de la recaudación fiscal?».

El decreto, en su artículo 7°, crea «las tasas viales a abonar por los usuarios de los corredores viales (rutas nacionales por peaje) las cuales se determinarán en función de un valor base que se fija en $ 0,75 cada 100 kilómetros de recorrido».

• Aclaración

Sin embargo, el artículo 10° dispone las reducciones de 30% y 60% apuntadas, pero sin especificar si las mismas llevan las tarifas a los $ 0,75 o si se deben aplicar sobre las actuales listas de precios en las cabinas de los catorce corredores. Los empresarios del negocio, hasta anoche, intentaban que les aclararan exactamente qué debían cobrar.

De hecho, Rodolfo Perales, titular de la Cámara Argentina de Concesionarios Viales, habría gestionado el adelantamiento de una reunión que tenían prevista con el ministro Carlos Bastos recién para el jueves próximo.

Lo que está claro es que los operadores de rutas concesionadas no podrían demorar demasiados días la instrumentación de las rebajas dispuestas por el gobierno, a riesgo de tener que soportar las quejas de los usuarios, los mismos que debieron cargar gasoil a ocho centavos más el litro justamente para compensar esas reducciones tarifarias.

Esto es así a pesar de que los empresarios tienen muchas más dudas que certezas sobre los mecanismos por los que recibirán los fondos del denominado «Fondo Vial» que se crea con parte (cinco centavos de esos ocho) del aumento al gasoil.

Es que aún recuerdan que una medida similar tomada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo en 1995 -suspensión de actualizaciones tarifarias de acuerdo a la suba del IPC de los Estados Unidos, previstas en los contratos de concesión-generó una deuda del Estado con los operadores de rutas de u$s 300 millones, todavía impaga. «De mantenerse ese sistema hasta el fin de las concesiones, o sea 2003, esa cifra llegará a los u$s 600 millones. A eso hay que sumarle otros u$s 600 millones anuales que generarán las rebajas, según dijo el propio ministro Bastos. ¿Con qué va a pagar el gobierno esa deuda acumulada, que se arrastra desde hace cinco años?», dijo otro empresario.

El decreto, además, modifica también el mecanismo de ajuste: ya no se calculará en base a los precios minoristas estadounidenses, sino al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) argentino. El artículo 8° del decreto dice que «el valor base de las tasas viales variará en función de la capacidad de pago de los usuarios, a través de la aplicación de un índice que refleje la variación del PBI.» El párrafo siguiente «aclara» que ese ajuste se calculará en base a un PBI de $ 7.000 por habitante por año, «estableciendo un tope de incremento de hasta seis veces su valor, correspondiendo tal situación a un PBI de $ 15.000 por año». En otras palabras: si el PBI de los argentinos llegara a esa cifra (que duplica el piso) los concesionarios podrán cobrar seis veces la tarifa-base, o sea cerca de $ 2,50 cada 100 km.

• Ironía

«Si usted lo entiende, explíquemelo; nosotros estuvimos estudiándolo toda la tarde en la Cámara y no pudimos descular qué quisieron decir», ironizó otro operador de peaje.

Lo cierto es que a ese monto se acerca bastante la actual tarifa promedio en los catorce corredores viales. Quedaría por definir si en las licitaciones que deberá convocar el gobierno el año próximo para renovar las concesiones de casi todos los corredores (salvo el de la Ruta 12/14, a cargo de Caminos del Río Uruguay, que obtuvieron más años a cambio de la doble vía que construyeron en Entre Ríos) el precio techo será de u$s 0,75, debajo del cual deberán ofertar los postulantes.

«Tampoco está claro cuándo ni a través de qué mecanismo cobraremos la diferencia tarifaria; se habla de un fondo fiduciario, pero no se establece ni su ámbito ni su funcionamiento; nos preocupa tener que reducir nuestros ingresos de manera drástica sin ninguna garantía de que nos será compensada esa reducción», dijo el empresario.

Lo único que está claro es que las rebajas sólo se aplicarán a las rutas nacionales concesionadas, quedando excluidos de la medida los accesos a la Capital Federal, puente y túneles (como el Hernandarias) y las Rutas 2 y 11, de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en este último caso se produjo una sorpresiva movida del gobernador Carlos Ruckauf, quien hizo declaraciones en el sentido de que las mismas sean incluidas en la rebaja tarifaria planteada por Bastos. Ruckauf dijo que solicitará formalmente al presidente Fernando de la Rúa que el descuento alcance a las dos vías que comunican la Capital Federal con la costa atlántica.

• Inseguridad

Pero el concesionario de la Ruta 2 (Covisur, cuyo manejo tiene la constructora CCI) ya había accedido a un pedido del gobernador de rebajar los precios de 12% para automóviles y casi 25% para transportistas. El preacuerdo establecía que esa reducción se compensaría con una extensión (a convenir) del plazo de la concesión, extensión que hasta ahora no se concretó. El empresario «apocalíptico» resume la posición del sector: «Mire si con el Fondo Vial nos pasa como a CCI con la provincia, o a todo el sistema con los subsidios de Cavallo... Esto es muy grave; es otra muestra de la inseguridad jurídica que existe en la Argentina para hacer negocios».