La continuidad del paro agrario ya está dando lugar a hechos más preocupantes aún que una posible falta de alimentos en el mediano plazo. Es el caso de los choques entre huelguistas y camioneros en Pergamino, Santa Teresa y San Francisco. Ayer, la situación se complicó más con la llegada de veinte ómnibus a Ceibas (Entre Ríos, plena ruta del Mercosur) «con gente que no es de la zona», según advierten los chacareros; lo mismo pasó en San Pedro, en Alcorta y en Lagos (Santa Fe). Pablo Moyano dijo que «hay que liberar el paso de los camiones, y vamos a garantizar el trabajo de los compañeros». Como siempre, los Moyano, angustiadospor el trabajo y la producción. Habrá que ver cómo reaccionan los hombres de campo en caso de que los camioneros, padre e hijo, por encargo fácilmente imaginable, cumplan con sus amenazas. Hombres de campo, además, que andan con MP3, se comunican por SMS entre sí y manejan tractores con aire acondicionado o galopan con esos medios modernos sobre caballos. Chacareros alejados, desde ya, de los que protagonizaron hacia 1912 el «Grito de Alcorta» (la misma Alcorta a la que Moyano manda pesados) rebelándose contra los grandes terratenientes de la Sociedad Rural Argentina y creando la Federación Agraria Argentina. Hoy la política oficial anticampo logró el milagro impensable hace un siglo de que ambas entidades compartan objetivos, piquetes y fogatas en las rutas.
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El gobierno jura que no dará marcha atrás, pero al mismo tiempo busca ayuda por el lado de los gobernadores y -para variar- promete más subsidios, solución que viene aplicando a sectores tan diversos como el transporte terrestre -pero no al aéreo-, a la producción de bienes de capital -pero no a otros sectores más amenazados por la importación-, etc. Pero varios gobernadores, asediados por las movilizaciones y los cortes, ya avisaron que bajarán a Buenos Aires esta semana para pedir auxilio a la administración central. Será una novedad: muchos de estos mandatarios sólo transitan la vía porteña para pedir ayudas financieras. Nada más.
Un ex gobernador, el cordobés José Manuel de la Sota -tras insistir en que será candidato a la presidencia en tres años- dijo que al gobierno «siempre le resulta fácil criticar al campo, pero le mete la mano en el bolsillo cada vez que lo necesita. ¿Por qué no impone, entonces, retenciones a la exportación de caños sin costura?». La alusión al Grupo Techint es más que obvia.
Llamativamente, los piqueteros del campo adoptaron algunas de las técnicas de los originales, y hasta las mejoraron. Por caso, embadurnan con barro las chapas de sus camiones, tractores y camionetas para que no se las pueda identificar. Y en lugar de quemar cubiertas para cortar caminos, en algunas zonas del país eligieron quemar bolsas de granos. Otra diferencia es que en esos cortes son todos «indios» y ninguno cacique, al menos ante extraños.
Nadie brinda su celular a la prensa, ninguno encabeza las protestas. Esto confirma varios datos:
Esta movilización nacional es protagonizada por espontáneos enojados con el gobierno, a cuyos dirigentes se les escaparon de las manos. La situación es harto peligrosa, y los memoriosos recuerdan varios episodios de la historia argentina similares que terminaron en puebladas.
La preservación del anonimato de los protagonistas de los cortes, tanto por el temor a represalias del gobierno como por la posible consigna de contar con una organización compartimentada si la situación empeora y las medidas se radicalizan aún más.
Esto último ya está en vías de suceder: algunos exportadores de carne denunciaron que les impidieron realizar envíos a Chile, rompiéndoles incluso los permisos de exportación. ¿Se estará a las puertas de un movimiento de rebeldía de una gravedad que el gobierno aún no valora en toda su dimensión? Está claro que los chacareros no tienen formación ni intención política, y eso pude hacerlo todo mucho más grave. También de esas formaciones improvisadas surgió el «que se vayan todos».
Llamativo
De todos modos, la sorpresade este fin de semana fue protagonizada por el presidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain. Después de afirmar que los dirigentes del agro debían explicar por qué el nuevo esquema de retenciones es irrazonable, reveló: «Yo me veo perjudicado por este paro: tengo dos máquinas en mi fábrica listas para entregar en Bolivia y estoy pagando multas por la demora, mayores costos por tener los camiones parados...» Una visión abarcadora de este dirigente cuyo sector es el más favorecido por la política oficial de tipo de cambio alto y medidas proteccionistas.
Hay una explicación, sin embargo: las empresas metalúrgicas cobran un subsidio de 12% sobre exportaciones de bienes de capital. El favor representa una carga de unos u$s 1.000 millones anuales a las arcas públicas, monto que pasa (¿sin escalas?) a los bolsillos de los empresarios. Lo grave es que un estudio de la UBA cuestiona por truchas nada menos que 95% de esas donaciones más o menos encubiertas.
El subsidio a los bienes de capital fue cuestionado por Martín Lousteau durante un almuerzo la semana pasada en la central fabril. Lascurain intentó en vano defender el beneficio, que debe caducar a fin de año. Como no tuvo éxito ese día, el metalúrgico, a quien le preocupan más las penurias de su empresa que las de quienes no encontrarán carne o leche en las góndolas si se prolonga el paro, eligió alinearse junto al ministro de Economía en esta pelea. Es que uno de los objetivos de máxima del campo es la salida de Lousteau, un reclamo que va de la mano de otros dos: la caída del régimen de retenciones móviles creado por el ministro y el retorno al anterior.
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