Más de 500 mil monotributistas, que estaban desde el año 2000 prisioneros de obras sociales sindicales, a las que fueron asignados «a dedo» y pagaron durante más de un año compulsivamente $ 20 por mes sin recibir servicio alguno, podrán recién ahora optar libremente por un seguro de salud.
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A tres años del escándalo de coimas de la presidencia de Fernando de la Rúa, en el que se descubrió cómo se repartieron entre las principales estructuras sindicales del país cerca de 170 millones de pesos correspondientes a aportes de salud, los monotributistas que debieron reempadronarse, podrán elegir por primera vez, tras esperar 90 días, su obra social.
En diciembre de 1999, tras la sanción de la Ley 25.239, los monotributistas quedaron obligados en forma compulsiva a aportar $ 20 por mes para el Programa Médico Obligatorio (PMO). A cambio, podrían teóricamente elegir entre las obras sociales de la Superintendencia de Seguros de la Salud, para que les brindasen los servicios. Debido a una pésima difusión, gran parte de los contribuyentes fue presa de una gran estafa, y las obras sociales autorizadas jamás brindaron los servicios pero recibieron los aportes.
• Autorización
De las 300 obras sociales, el gobierno nacional autorizó para recibir los aportes (y proveer los servicios de salud) sólo a ocho y todo el dinero se dirigió a estructuras controladas por el sindicalismo tradicional: personal de la construcción ( Gerardo Martínez), Bancaria Argentina (Juan José Zanola), personal hotelero y gastronómico (Luis Barrionuevo), Edificios de Renta y Horizontal de Cap. Fed. y GBA (José Santamaría), agentes vendedores, personal rural y estibadores, Fedecámaras (Rubén Manusovich) y personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas.
En abril de 2000 comenzó a regir el descuento obligatorio sobre unos 850 mil monotributistas, de los cuales 500 mil pagaba el impuesto, con lo que fue posible recaudar, a $ 20 por persona durante 17 meses, un total de $ 170 millones.
A Fedecámaras le correspondían 45 mil afiliados -por supuesto asignados al azar-o, lo que es lo mismo, casi un millón de pesos por mes. Unas semanas antes de la sanción de la ley, Fedecámaras, la entidad que supuestamente nuclea a pequeños y medianos empresarios, solicitó la inscripción de una obra social propia, pero como no podía dar cobertura en el interior del país, acordó hacerlo a través de la Obra Social Federal de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Osffentos).
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