El gobierno anunció ayer que saldrá a combatir el trabajo en negro. Lo hizo a través del ministro Carlos Tomada, en un encuentro con diputados. No hay coherencia: hace una semana se dispuso una medida que incrementa el empleo en negro (la que subió haberes mínimos e incorporó $ 200 a remuneraciones). Ahora, salen a combatirlo. ¿No habría sido mejor nunca disponer la medida inicial? ¿O pensar antes los efectos negativos que iba a traer aparejados? Cuanto más costo sume el gobierno para contratar un empleado, más desempleo habrá. O más personal no declarado. Ahora el ministro Tomada busca, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la posibilidad incluso de subir penas y, eventualmente, cerrar empresas que cuenten con personal no declarado. Un contrasentido, alejado de los problemas que atraviesan empresas, pequeñas y grandes, comercios y los propios trabajadores a los que en teoría se quiere beneficiar.
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