El gobierno está negociando un aumento de tarifas con las distribuidoras eléctricas del área metropolitana -Edenor, Edesur y Edelap- y una suba de 10% a 12% en los combustibles, en ambos casos a partir del mes próximo. Como si fueran retenciones, se proyecta un incremento variable para la electricidad según lo consumido. El criterio por aplicar será que paguen más las clases media y alta, es decir, el del ABL de Mauricio Macri ahora en su versión energética. El aumento es el mismo que está anunciado desde hace más de un año y que regirá con retroactividad al 1 de febrero último. Así está pautado en las actas transitorias que pasaron por el Congreso y fueron avaladas por decreto. Igual sendero recorrerían las tarifas de gas. Las empresas a los precios actuales ya no resisten, aunque lo advierten hace mucho tiempo, casi desde la salida de la convertibilidad.
Las petroleras negocian con el gobierno un aumento en el precio de los combustibles de 10% 12% que podría llegar a 14% para las naftas premium, que consume el segmento de la población de más altos ingresos y no se incluye en los registros del INDEC.
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El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habría dicho -durante el fin de semana- que sólo se está pensando en una suba de las naftas de más calidad.
La negociación abierta -que incluiría a Moreno, aunque éste la haya relativizado- abarca la garantía del abastecimiento a las estaciones de servicio, hasta para las que no tienen bandera, denominadas blancas.
Pero además del abastecimiento a las estaciones, el gobierno, a través del Ministerio de Planificación, quiere garantías de que las petroleras se ocuparán, ya sea mediante la producción propia o la importación, de que no falte gasoil y fuel oil a partir de mayo, para que las industrias reemplacen con esos combustibles al gas natural.
Compensación
Este último no sería necesariamente un negocio a pérdida para las petroleras: les venden a las industrias al precio del gas natural y el gobierno luego compensa la diferencia, que es mucho mayor si el producto es importado. Lo que ocurre es que YPF que por el mismo plan en 2007, habría aportado 90% del combustible, todavía tendría una fuerte suma por cobrar, porque la compensación tiene tiempos muy largos.
Los otros planes del gobierno para solucionar el problema del gas en el invierno también tienen relación con las petroleras. La misma YPF se ocuparía de operar la planta de La Matanza donde se produciría lo que se llama propano aire, que se puede inyectar a la red de gasoductos y aumentar hasta en 1 millón de metros cúbicos la cantidad de fluido para el área metropolitana. En Bariloche hay por lo menos dos plantas de ese tipo que funcionan desde hace varios años.
En forma mucho más reservada, se afirma que el ministro de Planificación, Julio De Vido, quiere acercar posiciones con las petroleras YPF, Petrobras y Esso, ya que por ahora se sigue excluyendo a Shell de las conversacionesparareflotar el proyecto de la inversión conjunta en una nueva refinería -la denominada Mosconi II en los papeles- que permita aumentar la producción local de combustibles , si fuera posible, para el invierno de 2009.
Paro suspendido
La suba de los precios y la garantía de abastecimiento solucionarían además el conflicto con las estaciones de servicio, que suspendieron el paro programado para Semana Santa, pero que están dispuestas a llevarlo a la práctica, si esta semana no tienen novedades desde el lado del gobierno.
Moreno -de quien algunos dicen que se siente tan poderoso como para discrepar con De Vido, aunque ambos pertenecen a la misma ala dentro del gobierno- pretendería poner paños fríos en la negociación por los aumentos en los combustibles. Sólo aceptaría una suba en las naftas premium y con menos decisión aumentos escalonados en el gasoil y en la súper hasta llegar en todo el año a 10% o 12%.
Se presume que Moreno teme el impacto sobre los precios de la canasta familiar que ya se dispararon más de lo esperado en marzo, y seguirían en alza como consecuencia del paro del campo.
Por razones similares sigue demorando un aumento en las tarifas eléctricas de las distribuidoras del área metropolitana que igualmente regirá desde el pasado 1 de febrero.
Pero en la electricidad como en los combustibles, los aumentos permitirían al gobierno exigir contrapartidas, como más inversiones, y al mismo tiempo, desestimular un poco el consumo sobre productos que faltan.
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