Polémico: la DGI podría cerrar empresas con empleados en negro

El gobierno, más específicamente el tándem Domingo Cavallo-Patricia Bullrich, quiere tener funcionando antes de fin de año un instrumento que considera clave para el éxito del combate a la evasión: la posibilidad de clausurar empresas y comercios en donde se confirme la existencia de trabajadores en negro. Sobre esta idea trabajaron este fin de semana técnicos de la Secretaría de Ingresos Públicos que dirige José María Farré; de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Héctor Rodríguez; el asesor jurídico personal de Domingo Cavallo, Horacio Liendo; y delegados del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; y de la Secretaría de Trabajo de Horacio Viqueira.

La idea de los dos ministros y de todos los técnicos que trabajan en el tema es que, como mucho, para el cuarto trimestre del año (momento en que las promesas de reactivación de Cavallo se concretarían), ya estén funcionando a pleno los nuevos equipos de «intocables» que tendrán la posibilidad no sólo de clausurar comercios como actual-mente puede hacer la AFIP, sino también de cerrarlos en el mismo momento de la inspección si se detecta la existencia de personal sin registrar correctamente. El detalle que se discutía ayer es si esta medida puede impulsarse directamente a través de un decreto ley o de necesidad y urgencia (tal como pretende Cavallo para tener el instrumento legalizado lo más rápido posible) o, si como consideran los principales juristas del país, debería pasar por el Congreso a partir de la modificación explícita de la ley de procedimiento fiscal. Esta sólo autoriza la clausura temporal de una empresa o comercio luego de un procedimiento judicial que puede demandar de entre cinco a treinta días, y luego de la investigación de la existencia de un caso de evasión impositiva.

• Facturas

Además, las causas que esa ley hoy vigente permite para poder efectuar clausuras son la no emisión de facturas o el uso de facturas apócrifas, la falta de instalación de las «cajas negras» o controladores fiscales, la subfacturación y la no presentación de declaraciones juradas. Esto implica que la posibilidad de clausurar por la existencia de empleados en negro o ilegales no es facultad del Poder Ejecutivo y debe implementarse a través de la Justicia regular.

Lo que quieren Cavallo y El gobierno, más específicamente el tándem Domingo Cavallo-Patricia Bullrich, quiere tener funcionando antes de fin de año un instrumento que considera clave para el éxito del combate a la evasión: la posibilidad de clausurar empresas y comercios en donde se confirme la existencia de trabajadores en negro. Sobre esta idea trabajaron este fin de semana técnicos de la Secretaría de Ingresos Públicos que dirige José María Farré; de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Héctor Rodríguez; el asesor jurídico personal de Domingo Cavallo, Horacio Liendo; y delegados del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; y de la Secretaría de Trabajo de Horacio Viqueira.

La idea de los dos ministros y de todos los técnicos que trabajan en el tema es que, como mucho, para el cuarto trimestre del año (momento en que las promesas de reactivación de Cavallo se concretarían), ya estén funcionando a pleno los nuevos equipos de «intocables» que tendrán la posibilidad no sólo de clausurar comercios como actual-mente puede hacer la AFIP, sino también de cerrarlos en el mismo momento de la inspección si se detecta la existencia de personal sin registrar correctamente. El detalle que se discutía ayer es si esta medida puede impulsarse directamente a través de un decreto ley o de necesidad y urgencia (tal como pretende Cavallo para tener el instrumento legalizado lo más rápido posible) o, si como consideran los principales juristas del país, Bullrich es modificar esta situación de raíz, y no sólo permitir que desde el Ejecutivo se pueda clausurar cuando se detecten trabajadores en negro, sino además que esta alternativa sea inmediata; sin esperar el procedimiento que hoy deben respetar los agentes de impositiva. Por eso se trabajó este fin de semana en el estudio de posibilidades de avanzar en un decreto ley, lo que en principio habría sido rechazado por los legalistas que rodean a Cavallo. Estos se inclinan por la posibilidad de modificar la ley de procedimiento fiscal, lo que debería hacerse lo antes posible para que se cumplan los tiempos teóricos que pretende el ministro.

Otra alternativa que se manejaba dentro del Palacio de Hacienda es aplicar la ley de abastecimiento que posibilita intervenir, aunque de una manera difusa y poco clara, al Ejecutivo cuando «se perturbe el normal desarrollo del comercio». En su momento, el ex secretario de Ingresos Carlos Tacchi y el titular de la DGI Ricardo Cossio durante la primera etapa de Cavallo en el gobierno de Carlos Menem, utilizaron esta legislación.

• Prudencia

Ahora el ministro de Economía promete prudencia en el uso de este eventual instrumento. Asegura que sólo se utilizará para las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente cadenas de comercio y empresas con facturación respetable. Insiste en que las pequeñas y medianas empresas castigadas por la resistente recesión no serían a priori el blanco de esta posibilidad. El menú que tiene en mente Cavallo son en principio los principales 3.000 contribuyentes del país que ya tiene detectados Héctor Rodríguez dentro de sus listados y que, según el organismo recaudador, más controlados estarían en materia impositiva. Restaría, según la AFIP, un instrumento que controle mejor la situación laboral.

Quienes utilizarían esta herramienta serían los nuevos grupos de intocables (cuerpo cuya creación ya fue adelantada por Ambito Financiero), integrados esta vez por agentes interdisciplinarios. En principio tendrían un jefe que provendría de Ingresos Públicos o la AFIP, luego algún agente de impositiva de cuerpo. Se sumarían inspectores de Trabajo, que serían los encargados de cruzar datos sobre la situación de los empleados que se detecten. Además se controlaría la existencia de trabajadores ilegales. La Gendarmería y la Policía Federal aportarían la seguridad para la actividad de los agentes.