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Hoy vence el plazo para que la empresa llegue a un acuerdo con sus acreedores dentro del concurso preventivo y la oferta del Correo fue rechazada por el Estado nacional, lo que se explica porque se trata de una propuesta excesivamente onerosa:
Mientras se tramita la apelación, el juez del concurso debería hacer hoy lo que establece la ley de concursos y quiebras en su artículo 48: habilitar el salvataje o «cram down» del Correo Argentino. Existe alguna posibilidad de que el magistrado considere que ese mecanismo no es aplicable a la concesión de un servicio público, porque no cualquiera sería apto para dar la prestación, pero cerrar de entrada la posibilidad del «cram down» sería una medida apelable desde el punto de vista legal, porque nada exceptúa a los servicios públicos de la Ley 24.522.
Por consiguiente, los expertos legales estiman que el juez abrirá hoy el proceso de «cram down», aunque también puede ocurrir que mientras se abre el registro que contempla la ley, la Cámara de Apelaciones dé lugar a la prórroga por 30 días solicitada por el Correo para seguir negociando.
El salvataje consiste en la apertura de un registro en el que deberá inscribirse dentro de los cinco días hábiles, los acreedores, terceros interesados e incluso el propio Correo Argentino acompañado por otra sociedad u otra persona física, para realizar una nueva oferta a los acreedores, y en caso de no ser el Correo, quedarse además con las acciones de la compañía.
El proceso tiene distintas etapas que se estima, exigen entre 80 y 90 días hábiles judiciales (lo que va más allá de la feria de enero), y recién entonces, si el tercero o el Correo no obtiene acuerdo preventivo, o el acuerdo no fuera homologado judicialmente, el juez declarará la quiebra.
Entretanto, se abriría un período en que el Correo podría negociar con el Estado una nueva propuesta, aunque el acuerdo parece muy difícil porque el pasivo del Correo incluye 296 millones de pesos por canones impagos (sobre un total de 597 millones de pesos y 126 millones de dólares), y existen además unos 350 millones de pesos de canones pos-concursales que están impagos.
También podría ocurrir que apareciera un tercero interesado, que fuera apto para manejar el servicio postal, y en ese caso el Estado, como autoridad concedente, debería decidir si puede aceptar la oferta o si debe llamar a una nueva licitación.
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