La medida causó más malestar en las compañías privatizadas, que interpretaron al decreto como una nueva manifestación de inseguridad jurídica. Según los considerandos del Decreto 1.090, «el proceso de renegociación podría verse obstaculizado por eventuales reclamos que formulen los concesionarios», por lo que «
La mayoría de las privatizadas había hecho la salvedad de que no resignarían el derecho de acudir a tribunales internacionales, cuando comenzaron la negociación con la comisión nombrada por el Decreto 293, instancia que en la práctica dejó de funcionar cuando
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