"¿Por qué ya firmaron las provincias?"

Más allá de las idas y vueltas que mostró la negociación de las provincias y la Nación en el último mes para establecer un nuevo acuerdo fiscal, la adhesión de la mayoría de los gobernadores peronistas en los últimos días no debe sorprender.

En definitiva, las urgencias de las provincias y el valioso oxígeno que puede brindar la Nación a través de un canje de títulos provinciales primaron sobre los recortes y concesiones en la coparticipación. Para entender esta situación se debe analizar el comportamiento del sector público provincial en los últimos años. La dimensión del fisco provincial, en términos de gasto, asciende a casi 36 mil millones de pesos ejecutados en 2001, mientras que el gasto del sector público nacional, después de las medidas de recorte, cerrará el año cerca de los 50 mil millones.

En términos relativos, en el presente año el gasto de las provincias es 72% en relación con el gasto nacional, relación que también se observaba en 1993.

Que la relación en términos de gasto entre las provincias y la Nación se haya mantenido estable no significa que no se haya producido un fuerte aumento generalizado del mismo. En este sentido, ambos niveles de gobierno han aumentado su gasto público total en más de 35% de 1993 a 2001.

La primera consecuencia del abultado gasto provincial es la de crear estructuras y burocracias muy inflexibles a la baja, y que están destinadas a perdurar en el tiempo más allá de sus niveles de eficiencia y productividad.

Por lo tanto, aunque no aporten a la sociedad lo necesario para generar los recursos que justifiquen su existencia, los presupuestos provinciales deben destinarle su lugar a la hora de repartir los recursos.

Pero hay otras consecuencias de la inflación del gasto, que tienen que ver con la disponibilidad de financiamiento y los grados de libertad en disposición de los hacedores de política.

¿Cuáles son las vías con las que se disponen para cubrir una brecha en las cuentas provinciales? En líneas generales, son las siguientes cinco:

1) Bajar intereses y amortizaciones.

2) Bajar el gasto corriente.

3) Aumentar los recursos propios.

4) Tomar deuda en los mercado financieros.

5) Recibir mayores fondos de la Nación.

Observando el gráfico adjunto, podemos analizar lo ocurrido con el conjunto de las provincias. El aumento del gasto en 1992, 1993 y 1994 respecto al año anterior ascendió en millones de pesos a 6.152, 4.865 y 2.297, respectivamente. En estos años, el financiamiento de este gasto estuvo vinculado básicamente con las transferencias nacionales que reflejaban el fuerte incremento en la recaudación impositiva y el aumento de los recursos propios.

Las transferencias aumentaron de 8.430 millones en 1991 a 13.825 en 1994; y los otros recursos provinciales, de 6.100 millones a 12.958 millones.

El aumento acumulado del gasto en estos tres años de 13.314 millones se financió con estos recursos adicionales, sin necesidad de recurrir a tomar deuda. Esto se manifiesta en una baja participación de los intereses en el gasto total.

En los años recesivos 1995 y 1996, el gasto aumentó más levemente; sin embargo, las fuentes de financiamiento antes utilizadas se vieron erosionadas por la caída en la actividad. Es aquí donde comenzó a recurrirse al endeudamiento provincial básicamente con la utilización de títulos públicos. El stock de deuda agregado de las provincias pasó de 12.000 millones en 1996 a casi 23.000 millones en la actualidad. Mientras esto significó un aumento de 88,3%, el stock de títulos públicos aumentó 194,8%, ascendiendo a 33% de la deuda total. De 1997 a 1999 nuevamente se disparó el gasto, luego hubo un ajuste en 2000 y se proyecta una leve suba en 2001.

La consecuencia directa del mayor endeudamiento provincial es sobre la participación de los intereses en las erogaciones totales. En 1996, 3,2% del total de gastos se destinaba a los servicios de la deuda, y en 2001 este porcentaje se proyecta cercano a 9%.

Parte del crecimiento del gasto en 1997, 1998 y 1999 se debe a los mayores compromisos de intereses y a la inflexibilidad del gasto corriente.

En términos de las opciones de financiamiento antes planteadas, las provincias han agotado las alternativas 3 y 4, y han sufrido un recorte en la opción 5, las transferencias de Nación. En compensación la Nación les propone la alternativa 1 a través de un canje de títulos. La vía de reducción de gasto (opción 2) plantea un alto costo político si se efectúa en forma generalizada con visión de corto plazo, y es una cuenta pendiente si se encara como reforma del Estado y eliminación de gastos superfluos.

Este es el marco en el cual las provincias adhirieron al acuerdo con la Nación.

Sin duda, la mayoría de ellas tiene problemas para cerrar sus cuentas en 2001 y harán lo posible para evitar el costo político de recortar salarios. Es decir, la seducción de pagar menos intereses hoy puede más que tener que recibir LECOP mañana. En definitiva, la historia pesa.