La Cámara de Diputados estuvo anoche a punto de votar un paquete de leyes antiempresa presentadas por el diputado laboralista Héctor Recalde. Pero la falta de quórum en el recinto a causa de la retirada masiva de los legisladores opositores que rechazaban el marco regulatorio de AySA frustró la sanción de estas leyes riesgosas para la atracción de nuevas inversiones.
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La Cámara de Diputados intentó ayer sancionar una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo para establecer un explícito marco de interpretación de esta norma en beneficio de los trabajadores y, claro, en contra de los empleadores.
Uno de los proyectos apuntaba a modificar al artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se pretendía que la cláusula conocida como «in dubio pro operaris» quede expresamente incluida en el texto legal: es decir, que cada vez que en un juicio haya una duda sobre si la prueba presentada en el proceso beneficia al empleador o al trabajador, el juez deberá fallar en beneficio del operario. Se trata en realidad de un principio general del derecho penal («in dubio pro reo»: en caso de duda, la ley debe ser interpretada en favor del acusado) que ahora se quería aplicar también en la órbita del derecho laboral. Recalde, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, explicó a este diario que se trata de una cláusula que se derogó durante la última dictadura militar y que ahora busca recuperar su vigencia. «Si hay dos testigos que declaranen favor del trabajadory otros dos que lo hacen en beneficio del empleador, entonces ante la duda el juez deberá fallar a favor de la parte más débil, es decir, del operario», graficó el diputado kirchnerista a este diario.
Pero también se pretendía modificar una disposición sobre la extinción del contrato de trabajo. «En 2002 por la crisis se suspendieron los despidos sin causa justificada. Entonces se simulaban los despidos como renuncias en las escribanías para eludir la indemnización. Ahora, las renuncias deberán estar instrumentarse ante la autoridad de aplicación --Ministerio de Trabajo-», explicó ayer Recalde, aunque su iniciativa no pudo finalmente ser votada. También el kirchnerismo quería cambiar la ley de quiebras para dejar sin efecto la disposición que desde 1995 establecía que si la empresa entraba en concurso preventivo, se suspendían los convenios colectivos de trabajo.
