Las diputadas kirchneristas Vilma Ibarra y Graciela Rosso presentaron hace pocos días en el Congreso un proyecto para regular la actividad de la medicina prepaga. Entre otras cuestiones, establece la creación de una comisión que estudiaría cada pedido de aumento de cuotas.
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«Hoy la actividad se rige por la Ley de Defensa del Consumidor, pero falta una norma específica.» El tema recién comenzará a ser estudiado en la Comisión de Salud de la Cámara baja y promete generar revuelo.
Entre otras cuestiones, establece que una persona mayor de 65 años con 10 de antigüedad en la compañía no puede sufrir aumento de cuotas. Además, los afiliados de una empresa que quiebra serán redistribuidos en el sistema para no perder las prestaciones.
Estos son algunos detalles del proyecto que avala el gobierno:
Se crea una Comisión Permanente entre la Superintendencia de Servicios de Salud y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de la nueva legislación.
El usuario deberá notificar en forma fehaciente con 30 días de antelación a la entidad su decisión de abandonar la empresa.
Las enfermedades preexistentes sólo podrán establecerse a partir de la declaración jurada del usuario. El falseamiento de la misma podrá generar la rescisión del contrato.
Los usuarios de más de 65 años que tengan una antigüedad mayor a diez años no podrán sufrir aumentos de cuotas.
Las cuotas y sus modificaciones deberán ser aprobadas por la Comisión Permanente, que estudiará la estructura de costos y sus variaciones según planes y programas.
La muerte del usuario titular no implica la caducidad de los derechos de su grupo familiar, integrantes del contrato.
El usuario que pertenezca a una empresa de medicina prepagapor contratación grupal o corporativa y hubiera cesado el vínculo con la empresa, tendrá un plazo de 60 días para continuar con un contrato similar dentro de la empresa. Asimismo, se le debe reconocer la antigüedad.
