Preparan una ola de amparos en contra de las retenciones

La negativa del gobierno a entablar el diálogo con los ruralistas luego de 14 días de paro llevó a que en el sector se buscaran otras formas para intentar dar marcha atrás con el incremento de las retenciones a los granos. Fue así como se sumó un nuevo escenario para el desarrollo de este conflicto ya que no sólo será ahora en el campo, sino también en Tribunales. Al recurso de amparo presentado ayer por un grupo de empresarios se sumará, en los próximos días, otro por parte de la Sociedad Rural Argentina.

La Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) interpuso ante la Justicia un recurso de amparo por el que solicita que se deroguen y se dejen sin efecto las resoluciones del Ministerio de Economía que incrementan las retenciones, por considerarlas inconstitucionales. El argumento es que, precisamente, según la Constitución nacional, se requiere una ley del Congreso para que pueda establecerse o modificarse un impuesto.

Confiscatorias

Otra razón esgrimida en el expediente es que las alícuotas de las retenciones dispuestas por el gobierno a las exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol y gas son confiscatorias ya que exceden el límite posible a ser pagado en impuestos fijado por la Corte Suprema, de 33%.

Por eso, en la presentación ante el Juzgado Número 9 por parte de ADE se pide que se decrete la prohibición de innovar para que se suspenda la aplicación del incremento de las retenciones. De recibir una respuesta favorable al pedido, los porcentajes de impuesto a las exportaciones volverían a ser los anteriores al 12 de marzo, día de puesta en práctica de los aumentos.

El presidente de ADE, Gastón O'Donnell, consideró que retrotraer la situación «puede abrir una nueva instancia de diálogo, difícil en el escenario actual, en busca de una solución consensuada. Vamos a la Justicia porque confiamos en que pueden demostrar su celeridad y aplicar la ley».

El recurso que ayer llegó a la Justicia será acompañado en los próximos días por otro por parte de la Sociedad Rural Argentina. El asesor tributario de la SRA, Guillermo Mac-Laughlin, afirmó ayer a Ambito Financiero que están unificando los amparos de los socios de la entidad para hacer una presentación conjunta.

En ese sentido, señaló que en la provincia de Santa Fe es en donde mayor cantidad de reclamos reciben. También desde la SRA los pedidos se basan en la inconstitucionalidad de las resoluciones de Economía y en la confiscatoriedad. Además, presentarán acciones declarativas de certeza mediante las cuales la Justicia deberá decidir si corresponde o no el cobro de los derechos de exportación.

Como contrapartida, el abogado Eduardo Barcesat pidió investigar si los productores agropecuarios que mantienen una medida de fuerza con cortes de distintas rutas del país cometen el delito de extorsión.

Respecto de la cuestión de fondo de la presentación de ADE, se exige la anulación del artículo 755 del Código Aduanero, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar las alícuotas de impuestos al comercio exterior. El expediente sostiene que «es abiertamente inconstitucional que las alícuotas sean fijadas de modo discrecional sin que se pongan límites legales, por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo y de éste hacia el ministro de Economía».

También solicita la anulación del Decreto 2.752 de 1991, sancionado durante la gestión de Carlos Menem, que trasladó las atribuciones que el artículo 755 da al Poder Ejecutivo hacia el Ministerio de Economía.

En tanto, la denuncia de Barcesat contra los hombres de campo recayó en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres y comprende a las comisiones directivas de la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y Confederación Rural Argentina (CRA).

El abogado pidió al juez Torres que cite a indagatoria a aquellos que están involucrados en los cortes de rutas en protesta por la medida tomada por el gobierno.

Además, solicitó que «en carácter de medida cautelar», disponga «la inmediata suspensión del paro agropecuario y la reanudación de los suministros alimentarios, conforme los precios vigentes con antelación a la producción» del paro.