Las decisiones tomadas ayer por el gobierno de Evo Morales estaban anunciadas casi desde que asumió en 2006, pero a pesar del tiempo transcurrido, Bolivia no podrá evitar por lo menos dos consecuencias: una, las acciones en tribunales internacionales en su contra y otra, el impacto sobre la producción de petróleo y gas.
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Los juicios -que terminarán prosperando en alguna instancia, aunque Morales haya renunciado al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial- vendrán de todas las empresas afectadas, desde Telecom Italia hasta Pan American Energy, pasando por el fondo Ashmore, que incrementó sustancialmente su participación en los activos de América del Sur, donde hay más espacio para litigar por incumplimiento de contratos.
Desde el punto de vista de la producción de petróleo y gas, la situación no será distinta por la estatización de Transredes, que es operadora de ductos, o por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CHL), que se ocupa del almacenamiento y distribución.
El principal problema podría provenir de la toma por decreto de la mayoría accionaria de Chaco, controlada por Pan American Energy (con mayoría de BP y participada por la familia-Bulgheroni). Aunque esta compañía participó hasta último momento de las negociaciones, terminó no acordando presuntamente por temor a la injerencia del Estado en las decisiones empresarias.
La española Repsol, en cambio, acordó porque su participación en Andina, en la que quedó con 49% de las acciones, completa su estrategia regional, en cuanto a provisión de petróleo y gas sobre todo para la Argentina.
Repsol tiene, además, otros contratos en Bolivia que ya renegoció y que también tienen una importancia futura más que presente. No queda claro qué pasará ahora con la participación de 25% de Pan American Energy en el consorcio Caipipendi, desde donde se inyectan a diario más de 600.000 metros cúbicos de gas para Brasil. Si PAE va a juicio, podría no poder permanecer en Caipipendi.
A su vez, Chaco tiene una participación de 12,9% en la producción de gas de Bolivia. Si la inversión se para, por la nacionalización impuesta por decreto, puede faltar aún más gas de Bolivia para la Argentina y aumentar la incertidumbre sobre el prometido incremento de las ventas de 7 a 27 millones de metros cúbicos postergado ya para 2013.
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