El gobierno tiene decidido prorrogar por un año más la declaración de emergencia pública que rige en el país desde que Eduardo Duhalde la hizo votar durante la salida de la convertibilidad. Se anunció que en la próxima semana el proyecto será enviado al Congreso para sancionarlo antes de fin de año. En los últimos dos años, se justificó la necesidad de su vigencia en el proceso de renegociación de contratos con empresas de servicios públicos privatizadas. En la norma se facultó primero al Poder Ejecutivo a llevar adelante ese proceso y luego, en una de sus prórrogas, se estableció el actual procedimiento que incluye el tratamiento por el Congreso de esos acuerdos, los que se pueden aprobar, aunque las cámaras no se expidan.
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Sin embargo, en esta ocasión, existe un ingrediente adicional: Néstor Kirchner necesita que el país continúe legalmente en emergencia para oponer esa declaración ante los tribunales internacionales donde los acreedores que no ingresaron al canje de deuda reclaman ser reconocidos y pretenden trabar embargos contra el país.
El sistema sirvió de antecedente al juez Thomas Griesa en dos ocasiones, una ante el pedido de embargo de activos argentinos por parte del Fondo Elliot, para denegar esas presentaciones ante su juzgado.
Duro debate
El año pasado el gobierno debió sortear un duro debate, en especial, en la Cámara de Diputados, para que se extendiera la emergencia pública. No resultó lógico para la oposición que se prorrogara una medida así en un país que crece a razón casi 9% anual, cancela sus deudas con el FMI y mantiene un ambicioso programa de obras públicas.
Esos argumentos se repetirán este año, aunque las razones de Kirchner sean protegerse de los holdouts -bonistas que rechazaron el canje-.
Por eso, se espera que la ley de prórroga de la emergencia sea este año tanto o más extensa que la que se sancionó en diciembre de 2005: se buscará convencer con ese mensaje al exterior de la persistencia de crisis en materia social, sanitaria y laboral.
