Puede instalarse una nueva deuda externa de la Argentina

Desde cualquier enfoque ideológico es difícil juzgar tajantemente si hizo bien o mal la gestión de Néstor Kirchner en postergarles los ajustes tarifarios a las empresas de servicios públicos, privatizadas en los '90. Si miramos la falta de inversiones y la estrechez energética actual del país habría hecho mal. Si las hubiera liberado, ¿hubiéramos podido mantener una inflación baja, algo indispensable para salir de la crisis, cuando lo pensable, tras la fuerte devaluación, era caer en hiperinflación? Aun cuando se hubieran concedido tarifas libres, ¿estaban aseguradas las inversiones previstas en las licitaciones cuando técnicamente, para dar un ejemplo, a Aguas Argentinas le era y le es imposible satisfacer rentabilidad empresaria y coberturas de aguas necesarias y comprometidas en el Gran Buenos Aires? El gobierno se indignó, además, por algunas formas bastante superficiales en que se hicieron las privatizaciones en los '90. Que hayan sido inevitables frente al destrozo que estaban ocasionando las empresas al Estado no justifica haberlas privatizado, en varios casos, con bastante ligereza. Tampoco recomponer hoy lo que se haya licitado mal con un castigo en las tarifas por los intereses del país más importantes que están en juego. En la revista «Edición i», el periodista Edgar Mainhard logró ubicar 38 juicios y no son los únicos, expresa-que podrían representar, de resultar adversos para el país, una nueva deuda externa con privatizadas por unos 15.000 millones de dólares. No es posible saber cuántos de estos juicios se arreglan con una actualización de tarifas de privatizadas por constituir sólo un elemento de presión contra el gobierno por el congelamiento. Pero es otra acechanza de monto voluminoso. No olvidemos que las llamadas « privatizadas» no suelen responder a un solo grupo propietario sino a varios, además globalizados y sin banderas nacionales. Veamos párrafos de la nota sobre posible nueva deuda:

Néstor Kirchner

Crece una nueva deuda pública externa de la República, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Disputas sobre Inversiones (CIADI, por el Internacional Centre for Settlement of Investment Disputes), dependiente del Banco Mundial. En 1991, la Argentina aceptó que ésa sería la jurisdicción para dirimir problemas con las concesiones y privatizaciones y no ratificó en 1994.

Es verdad que hay un desgaste insoportable en la relación entre todas las empresas concesionarias de servicios públicos y el gobierno argentino. Predomina el hartazgo.

Los funcionarios de Kirchner no asumen que el programa económico de Techint/Eduardo Duhalde se basó en la transferencia de riqueza a favor de algunas compañías locales endeudadas en dólares estadounidenses. A los asalariados más pobres les ofrecieron el Plan Jefas y Jefes de Hogar; a los bancos aún les deben la compensación del «corralito»/ »corralón»; a las empresas de servicios públicos les adeudan los ajustes de tarifas y los nuevos contratos; a los acreedores les quieren imponer el canje de deuda. En verdad, se arrastra demasiado, y escasea la voluntad de resolverlo.

Para ganar tiempo, Néstor Kirchner ideologizó el debate. Afirmó que las empresas prestadoras de servicios habían estafado a la sociedad y ensayó la reestatización con el servicio postal que gestionaba Franco Macri/Sideco. Pero creer que Suez es comparable con el endeble Macri es confirmar una ignorancia supina.

Se cumplen tres años del desastre que el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Frente Grande y el ARI promovieron, y la deuda pública sigue en default, y los servicios públicos se encuentran amenazados porque no hay modernización de la infraestructura, el mantenimiento es mínimo y no hay horizonte de negocios. Los sindicalistas y los políticos afirman que ellos podrían administrar las empresas como Aguas Argentinas, en sociedad con algunos contratistas del Estado locales. Lo peor es que hay gente que les cree sin importarle la corrupción implícita.

Los noventistas han perdido la batalla cultural que no supieron dar. También fallaron en la regulación de servicios espantosos como el de los ferrocarriles. Entonces, para un sector considerable de la población, cualquiera podría administrar los servicios públicos.

Si anticipa fondos, querrá participar de la gestión de la empresa, ya que la financia. ¿El Estado nacional administrará Aguas Argentinas como administra la ineficiente y pésima Fomento Minero Santacruceño, Fomicruz, responsable de la falta de mantenimiento en Río Turbio que derivó en una tragedia?

¿Lo hará tan mal como Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz? ¿Acaso hoy día miles de piezas postales van por el servicio privado de OCA porque el servicio postal estatal funciona esporádicamente?

El reemplazo de Aguas Argentinas por una empresa estatal administrada conjuntamente por la Nación y la provincia de Buenos Aires es una estupidez tan grande como pretender que Aguas de Barcelona no se marche si se le rescinde a Suez.

Hoy los casos en trámite en CIADI (y hay otros en distintos tribunales) son 38. Estos son algunos de ellos:

• Compañía de Aguas del Aconquija SA, and Vivendi Universal vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/97/3);

• Enron Corporation and Ponderosa Assets, LP vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/01/3);

• Azurix Corp. vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/01/12);

• CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (Case Nº ARB/01/8);

• LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/02/1);

• Siemens AG vs. Argentine Republic (Case No. ARB/02/8);

• Sempra Energy Intenational vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/02/16);

• AES Corporation vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/02/17);

• Camuzzi International SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/2 y Case Nº ARB/ 03/7);

• Metalpar SA and Buen Aire SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/5);

• Gas Natural SDG SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/10);

• Pioneer Natural Resources Company, Pioneer Natural Resources (Argentina) SA and Pioneer Natural Resources (Tierra del Fuego) SA vs. Argentine;

• PanAmerican Energy LLC and BP Argentina Exploration Company vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/13);

• El Paso Energy International Company vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/15);

• Aguas Provinciales de Santa Fe SA, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA and Interagua Servicios Integrales de Agua SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/17);

• Aguas Cordobesas SA, Suez, and Sociedad General de Aguas de Barcelona SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/18);

• Aguas Argentinas SA, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA and Vivendi Universal SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/19);

• Telefónica SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/ 20);
 
• Enersis SA and others vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/21);

• Electricidad Argentina SA and EDF International SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/22);

• EDF International SA, SAUR (International SA and León Participaciones Argentinas SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/23);

• Unisys Corporation vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/03/27);

• Azurix Corp. vs. Argentine Republic (ICSID Case Nº ARB/ 03/30);

• Total SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/1);

• SAUR International vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/4);

• BP America Production Company and others vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/8);

• CIT Group Inc. vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/ 04/9);

• Wintershall Aktiengesellschft vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/14);

• Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/16);

• France Telecom SA vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/18);

• RGA Reinsurance Company vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/04/20); y

• DaimlerChrysler Services AG vs. Argentine Republic (Case Nº ARB/05/1).

No, no es un escenario propicio para atraer a inversores extranjeros para que o traigan tecnología de punta o inversiones que puedan amortizarse en un mediano o largo plazo.