Personal judicial requisaba ayer las oficinas de Prensa del
Gobierno porteño que ordenó allanar el juez Luis Zelaya tras
la denuncia sobre supuestos desvíos de fondos.
Día de allanamientos ayer. Mientras el juez Guillermo Montenegro ordenaba investigar a cinco empresas involucradas en el affaire Skanska, otro magistrado disponía el allanamiento de oficinas del Gobierno porteño para «buscar documentación que confirme o no las denuncias» del diputado Miguel Bonasso contra el jefe porteño Jorge Telerman.
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Afiebrado por la campaña Bonnasso, -un aliado político Aníbal Ibarra y de Daniel Filmus-, denunció al alcalde por presunta malversación de caudales públicos y fraude al Estado y lo enredó en un supuesto negocio ilegal con una empresa fantasma llamada Sol Group SA. Esa firma está siendo investigada junto con Skanska e Infiniti por una millonaria defraudación al fisco. El kirchnerista involucró en esa maniobra al secretario de Prensa del Gobierno porteño, Oscar Feito, y al diputado macrista Diego Santilli.
La medida fue dispuesta por el juez Luis Zelaya, quien evaluará la documentación secuestrada ayer en dependencias de Tesorería del área de Hacienda conducida por Sergio Beros y en la del área de Prensa, a cargo de Feito.
El juez mandó a buscar documentación relacionada con la pauta publicitaria contratada por el Estado porteño a través de Sol Group y que tuvo como principal recepcionista a la productora Ideas de Sur y «Canal 13». De esas oficinas se secuestró gran cantidad de documentación en papel y computadoras de las que se intentará constatar si los registros informáticos fueron alterados.
Los allanamientos continuarán hoy en otros edificios del Estado porteño. Sucede que la descentralización de la estructura administrativa complicólos allanamientos y la Policía se equivocó bastante antes de dar con los lugares acertados.
Bonasso sostiene que Sol Group «es un sello de goma» armado por Santilli y el directivo de esa empresa, Sergio Mastropietro, «con el fin de obtener 'retornos' de dinero público».
Una vez que los resultados del allanamiento lleguen al juzgado, serán peritados y a partir de allí el juez podría adoptar otras medidas, como ordenar indagatorias.
¿Otro cruce?
En el juzgado de Zelaya se planteaba ayer la posibilidad de pedirle al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart copias del expediente Sol Group SA. Volvería aquí a plantearse un cruce entre jueces, ya que Bonasso también denunció al Gobierno porteño en el juzgado de Biscayart.
Ese magistrado viene investigando a esa empresadesde setiembre del año pasado, aunque el juez tenía indicios de vinculaciones entre Infiniti y Sol Group.
En un escrito del 6 de abril del año pasado que forma parte del expediente se relata que uno de los domicilios relacionados con la usina de facturas truchas Infiniti era San Martín 881, en el mismo edificio que Sol Group.
En ese escrito también se detallan gestiones realizadas por Adrián Félix López, uno de los directivos de Infiniti para alquilar oficinas en el lugar. López ahora está preso como jefe de la asociación ilícita que, emitiendo facturas por trabajos no realizados, encubrió el pago de comisiones ilegales por parte de la constructora sueca Skanska para los gasoductos Norte y Sur.
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