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Carlos Mesa
Si gana el «no»: se mantendrá el actual marco regulatorio, que permitió la celebración de 78 contratos con empresas internacionales para la explotación del gas y el petróleo.
Si gana el «sí»: al respetarse los contratos actualmente en vigor, tal como prometió el presidente Mesa, los efectos de esa norma caducarán con los mismos, esto es en 36 años. Una nueva legislación regirá para los nuevos contratos.
Si gana el «no»: las petroleras extranjeras seguirán teniendo a su cargo toda la cadena de explotación, refinamiento, transporte y comercialización.
Si gana el «sí»: el Estado pasará a tener control de las mediciones de explotación de petróleo, gas natural, gas licuado y demás combustibles -actualmente la propiedad estatal rige «bajo tierra»-. Mesa indicó que el Estado pasará a tener injerencia en la política de precios y de destino de las exportaciones, con respeto de los contratos ya firmados.
Si gana el «no»: YPFB seguirá siendo una pequeña unidad administrativa. La privatización de YPFB dio origen durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a las empresas de capital extranjero Andina, Chaco y Transredes. Las acciones del Estado, por 700 millones de dólares, son manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Si gana el «sí»: el Estado asumirá la representación minoritaria en las citadas empresas, y según el gobierno, se creará una empresa en condiciones de competir con las privadas.
PREGUNTA 5: ¿Está o no de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando a 50 por ciento del valorde la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?
Si gana el «sí»: el Estado podrá instrumentar un aumento gradual de la presión impositiva hasta llegar a 50 por ciento en 2010, mediante la aplicación de un Impuesto Complementario.
Si gana el «no»: la ley promulgada por Sánchez de Lozada establece que las empresas petroleras paguen un techo de 18% de regalías.




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