El decreto de Jorge Telerman, que suspende el otorgamiento de permisos para construir en seis barrios porteños, acumuló ayer nuevas quejas del sector inmobiliario, que se ve perjudicado con la medida establecida para Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez y Coghlan.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El Gobierno porteño se reunirá hoy con empresarios de la construcción que le plantearán el rechazo a la medida y que creen que está planteada sólo considerando las quejas de los vecinos. Por cierto, las empresas de servicios ya les adelantaron a las autoridades de la Ciudad que no colapsarán con nuevas obras, pero elaborarán un informe tal como les fue requerido. Pero, además, los planteos que vecinos llevaron a la Justicia contemplan también el cambio de fisonomía de los barrios. En ese sentido, es difícil que el Gobierno de la Ciudad encuentre una solución durante los 90 días que dura la veda de permisos, ya que se están discutiendo en la Legislatura el cambio de zonificación de algunos barrios, leyes que, de sancionarse, requieren un trámite de meses.
Fernando Ezquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), dijo que hoy se reunirán con el Gobierno porteño «para hablar sobre esta medida en la que no fuimos consultados y creemos que es una decisión adversa que causa un perjuicio sin precedentes a nuestra actividad».
Si el Gobierno porteño respondió con el decreto ante el inicio de una veintena de causas judiciales en contra de las torres, se prepara ahora para recibir otras tantas demandas de empresarios, que aseguran que se invierten u$s 2.000 millones anuales sólo en la Capital Federal.
Rechazo
Ayer, la AEV, la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano y la Cámara Inmobiliaria Argentina, emitieron un comunicado conjunto, mediante el cual rechazan y piden que se revea el decreto, que sostienen «afecta a una actividad que es pilar de la recuperación económica, de la creación de empleo y del crecimiento de la Ciudad». Los empresarios advierten que «esta paralización por 90 días en sí misma no resolverá el problema, afectará gravemente los derechos adquiridos de muchos ciudadanos que, perfectamente encuadrados en las leyes y códigos vigentes, hayan comprado terrenos, pretendan venderlos o bien que estén a punto de presentar planos de obra. Acarreará no sólo enormes perjuicios a los interesados, sino también al propio Gobierno de la Ciudad, que se verá saturado de reclamos por vía judicial de incalculable magnitud».
