¿Quién vendrá después del campo?

Si Karl Marx concibió la expropiación de la tierra en su teoría para la construcción de una sociedad igualitaria como un requisito imprescindible y Stalin la llevó a la práctica al costo de millones de muertes y el colapso de la producción, los productores rurales argentinos perciben que la movida del gobierno nacional es una operación infinitamente más astuta y sofisticada en la misma dirección. Si se optara por la lisa expropiación de la tierra, al margen de los conflictos aun mayores que generaría, surgirían inmediatamente tantos inconvenientes de dudosa resolución: ¿quiénes administrarían las propiedades?, ¿con qué conocimientos?, ¿con qué capital? Amén de qué sectores de bajos recursos pudieran acceder a esas propiedades y posean disposición al trabajo, ¿están preparados para el tipo de sacrificios que demandan las tareas rurales?

La ecuación que proponen las autoridades luce disimulada: no es necesario remover la titularidad de los inmuebles, sólo basta con expropiarles la renta. Los actuales dueños son los mejores administradores posibles, conocen bien sus propiedades, saben cómo manejarlas, tienen las maquinarias y el capital para hacerlas trabajar. Basta con permitirles que recuperen los costos de producción y que tengan una modesta ganancia como compensación del esfuerzo.

Esa propuesta suena posible desde los despachos oficiales en vista de los precios excepcionales de hoy día y una paridad cambiaria ventajosa -aunque en franco deterioro-. Desconoce, sin embargo, la esencia de la actividad agropecuaria, los ciclos vividos de precios internacionales desalentadores, de tipos de cambio desfavorables, o las adversidades climáticas que son parte indisoluble de la actividad. Aunque haya años en los que se gana buen dinero, eso compensa los años malos y da sentido a una vida marcada por el esfuerzo. Si se suman las retenciones de 44% a los impuestos a las Ganancias, Inmobiliario y al patrimonio, y a otros impuestos indirectos, resulta que el fisco se queda holgadamente con más de la mitad de la producción, dejando a los agricultores una porción menor, con la cual deben atender los costos de producción y retribuir el trabajo realizado y los riesgos asumidos.

Desde la perspectiva del sector agropecuario y en sintonía con la batería de medidas intuidas como «contra» la actividad -como con la carne, los lácteos, las economías regionales-se tomó conciencia de estar ante una operación de vasto alcance, que pretende transformar a las tierras del país en propiedad pública y a sus detentores en simples administradores por cuenta del Estado. Es también un toque de atención para toda la iniciativa privada del país. ¿Quién viene después?

¿Los bancos, las AFJP, los supermercados...?

. Paciencia rebasada

Si bien el sector agrario fue tolerante hasta el presente con las retenciones a pesar de su desacuerdo con ese impuesto, el nivel actual y la cuota creciente ante las mejoras del precio rebasaron su paciencia. La anterior suba, de noviembre de 2007, que llevó la alícuota a 35%, se produjo a semanas del triunfo oficialista en las elecciones, lo que, en esos momentos de pronunciamiento del país y euforia triunfalista, mitigó cualquier atisbo de protesta.Además, este último cambio de reglas de juego se produce cuando el partido está en su desenlace, o sea, cuando faltan apenas semanas para levantar la cosecha. Aunque desalentador también, pero al menos más ético, hubiera sido establecer nuevas reglas a futuro, para que libremente los jugadores decidan entrar o abstenerse.

Los productores se percataron de que si ceden en esta pulseada, tienen la partida perdida y los controlarán en adelante con medidas más sectorizadas, más específicas, incapaces por tanto de actuar como catalizador para todo el sector. Son conscientes además de su gran contribución a la bonanza que vive el país mediante el extraordinario esfuerzode modernización del agro y el aumento de su productividad y viven esta política como un gesto de ingratitud y un desestímulo a su espíritu emprendedor.

Desde el otro lado del mostrador y más allá de cualquier estado anímico con el agro, desde una visión más intelectual e ideológica, disociada de la realidad, se piensa que las excepcionales cualidades naturales de las praderas argentinas no deben servir para el usufructo de una minoría, sino que deben estar al servicio de los sectores populares, a los que se pretende movilizar a Plaza de Mayo en respaldo de las medidas -tanto argentinos como inmigrantes de países vecinos y sus descendencias-, los cuales, coincidentemente, son los que con su voto sostienen en el poder a los magnánimos que los hacen participar de aquella riqueza.

Más allá que el desenlace de esta confrontación se presente incierta, no hay dudas del efecto pernicioso y los costos que ocasiona al país. Implica un nubarrón en el futuro y en el margen que tendrá la iniciativa privada. Conlleva desconocimiento de cómo opera el sistema rural al creer que se puede compensar de manera diferente a unos productores de otros. Al margen de que se viola un principio constitucional de igualdad ante la ley, en la práctica resulta imposible de aplicar y servirá para abonar una estructura de imparcialidad y corrupción.

Falto sin dudas en la formación de los que toman las decisiones, la lectura de un pequeñísimo libro -pero inmenso en su sabiduría-, «El Principito», de Antoine de Saint-Exupéry que nos recuerda en su recorrido del universo por parte del protagonista, a un rey de un planeta lejano, que tomaba resoluciones de importancia cósmica pero atadas al sentido común: diariamente, antes del anochecer, ordenaba al sol esconderse y antes del amanecer que vuelva a salir. La primera regla de un gobernante es tomar decisiones que se puedan cumplir.