El ministro Lavagna impulsa una reforma previsional basada en el proyecto diseñado en el gobierno duhaldista. Tiene como objetivo prioritario capturar 70% de la recaudación que hoy va a las AFJP. Para ello aspira a que todos los trabajadores destinen 60% de su aporte personal a un fondo administrado por el Estado, que decidirá discrecionalmente dónde invertirlo. Históricamente dinero que administró el Estado, dinero que no se devolvió. De prosperar la iniciativa, Lavagna tendrá $ 3.700 millones anuales más para gasto. Los futuros jubilados perderán más de un tercio de sus haberes.
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Así se desprende del último memorándum de entendimiento, de mediados de noviembre, suscripto por los equipos técnicos del Palacio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, que elaboran los criterios generales de la reforma jubilatoria.
Del documento, al que accedió este diario (que en realidad no es otra cosa que el Libro Blanco pero con otra distribución del dinero de los trabajadores entre la jubilación estatal y privada), queda claro que en el tema financiero la opinión de Economía fue prioritaria y en los aspectos prestacionales lo fue la de la cartera laboral.
Lo cierto es que el último documento de los equipos técnicos de Economía y Trabajo apunta a:
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