La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una investigación contra ex titulares de AFJP, para determinar si hubo un "vaciamiento" previo a la decisión estatal de eliminar el sistema privado de jubilaciones y pensiones en 2008.
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La decisión fue tomada por la sala I del tribunal de apelaciones que revocó el archivo de la pesquisa dispuesto por el juez federal Claudio Bonadio, y le ordenó profundizar la investigación con peritajes y declaraciones de expertos, entre otras medidas.
La denuncia había sido radicada por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Guillermo Marijuán, y con sede en la dependencia central de la ANSES.
Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, con intervención del secretario Sebastián Casanello, revocaron el archivo de la causa dispuesto por Bonadio, por entender que se deben ordenar más medidas de pruebas para confirmar o descartar las maniobras.
Al recibir la denuncia, el 21 de octubre de 2008 Bonadio dictó una medida cautelar para resguardar los fondos de las administradoras, y para que "no se modificase la composición de la cartera de inversiones".
Además, ordenó registrar sedes para secuestrar documentación y otras medidas, hasta que finalmente concluyó en que el caso debía cerrarse por "inexistencia de delito".
Ahora los camaristas de apelaciones le ordenaron realizar un peritaje, para determinar si hubo operaciones irregulares un día preciso, el 20 de octubre de 2008.
Además, se le instruyó para que convoque como testigos a funcionarios del Banco Central, con el fin de "ayudar a medir en términos de racionalidad el plan de inversión que encararon las ex AFJP en la fecha indicada", y su compatibilidad con la ley de Control de Inversiones.
Según la denuncia, ese día y ante la inminencia de la reestatización del sistema de jubilaciones, se realizaron "una serie de operaciones puntuales, concretas" por parte de los entonces responsables de ex AFJP.
Estas "se vincularon con la abrupta colocación en el mercado de activos de las administradoras y la canalización del producto de tal negociación en la compra de dólares en plaza cambiaria, actividad que habría provocado la caída de la cotización de los bonos, la baja de la bolsa y un alza del valor de la referida moneda extranjera".
Estas variables "produjeron un impacto negativo en los fondos provisionales y en las finanzas públicas", recordó la Cámara.
En la causa aparecen sospechados quienes eran responsables de las ex AFJP "Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos", y se imputó participación a "funcionarios que en su momento dirigían la Superintendencia de AFJP".
