Reforma laboral: empresas exhiben posturas divididas y alertan por cambio clave en juicios laborales

El proyecto llega a Diputados con opiniones cruzadas dentro del empresariado. Abogados laboralistas advierten por el mecanismo de actualización de los créditos por indemnizaciones.

Tras la media sanción en el Senado, se espera que el debate en Diputados sea el próximo jueves.

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Tras la media sanción en el Senado y de cara al debate en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma laboral consolida posiciones dentro del entramado productivo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Mientras algunos sectores industriales ven en la iniciativa una herramienta para reducir costos e incertidumbre, otras voces del universo pyme advierten que el texto avanza sin consenso y con impactos potenciales sobre derechos laborales, salarios y la negociación colectiva.

Así, en el centro de la discusión aparecen debates sensibles en torno al Fondo de Asistencia Laboral, el fin de la ultraactividad, nuevos mecanismos de organización del trabajo y el artículo 44, que introducía modificaciones en el régimen de licencias médicas por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, pero que fue eliminado en las últimas horas por el oficialismo para destrabar la sanción del proyecto en Diputados.

El debate se da además en un contexto de baja actividad industrial. En diciembre de 2025, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 53,8%, por debajo del 56,7% registrado en el mismo mes de 2024.

Se trata de la tercera caída consecutiva y de la cifra más baja desde marzo de 2024. En los últimos 24 meses, el indicador apenas superó el 60% solo en seis oportunidades, reflejando un nivel de ociosidad relevante en el aparato productivo.

En paralelo, el mercado laboral muestra un deterioro sostenido. En los últimos dos años se perdieron 299.632 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo. La mayor parte de la caída se concentró en el sector privado, con 196.693 empleos menos, seguido por el sector público, con una reducción de 80.943 puestos, y el trabajo en casas particulares, con 21.996 empleos menos.

En contrapartida, los trabajadores independientes crecieron en 144.597, en un contexto en el que, a nivel interanual, solo tres provincias lograron mostrar aumentos en el nivel de empleo.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), y tras un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que el nuevo marco normativo busca corregir distorsiones acumuladas durante años que, según plantean, “afectaron especialmente a las pymes industriales, deteriorando la productividad, generando litigiosidad y limitando la capacidad básica del empresario de organizar su propia empresa”.

En ese sentido, remarcan que uno de los objetivos centrales es “recuperar previsibilidad y reducir el conflicto dentro de las plantas”. “Estamos atravesando un momento difícil, pero este nuevo régimen busca terminar con años de desorden, de récord de juicios, de empresas familiares con problemas de salud en sus dueños por los litigios, escenas que se repiten una y otra vez”, enumera un integrante de la UIA en off.

Según describen, la reforma apunta a ordenar la gobernanza interna porque “reduce el conflicto permanente dentro de las plantas, especialmente en pymes donde el impacto de estas situaciones es mucho mayor, y permite que el foco vuelva a estar en la producción y la competitividad”.

El gráfico que compartió un industrial de la UIA en sus historias de Whatsapp.

La UIA también pone el acento en el capítulo indemnizatorio y judicial. Desde ese sector señalan que la norma “establece criterios taxativos sobre los conceptos que integran la indemnización” y fija parámetros de actualización que “evitan discrecionalidad judicial y montos imprevisibles”, con el objetivo de planificar costos laborales con mayor certeza. “Están los casos de juicios laborales millonarios, de empresas que recibieron demandas por hasta $500 millones, y pymes que tuvieron que vender máquinas o cerrar sus puertas por un juicio”, explicó un dirigente de relevancia.

En la misma línea, consideran que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un instrumento clave para dar previsibilidad, ya que permitiría “afrontar desvinculaciones sin el impacto financiero repentino” que generaban los despidos en el esquema anterior.

Otro de los ejes que destacan es la reducción de la litigiosidad. Según sostienen, la reforma introduce cambios pensados para “bajar la incertidumbre, los montos desproporcionados y los incentivos a la judicialización”, uno de los problemas que, afirman, más afectó a las pequeñas empresas en los últimos años.

A eso se suma la incorporación de herramientas para evitar bloqueos y tomas de planta, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y el fortalecimiento de las facultades del empleador para organizar el trabajo.

Dentro de ese paquete, también mencionaron el ordenamiento del sistema de licencias médicas. En ese punto, planteanan que en muchas empresas chicas “se registraron situaciones de ausentismo difíciles de sostener” y que el nuevo régimen -eliminado en las últimas horas- buscaba introducir mecanismos de control más claros. “Empresas chicas, de hasta cuarenta empleados, que de golpe tenían dos o tres licencia médicas eternas por dolencias inexistentes respaldadas por certificados truchos, donde el ausentismo ha llegado al 17%”, destacó como ejemplo un industria dentro de la entidad fabril.

La senadora Patricia Bullrich había admitido que “hubo un error” en la redacción del artículo 44 en el que obviaron un tratamiento diferencial de la licencias para patologías graves, degenerativas o irrecuperables, y este martes el oficialismo eliminó el artículo del proyecto, que había generado polémica en la opinión pública.

El piso en la actualización de créditos laborales que alerta a los abogados laboralistas

En paralelo al debate político y empresario, especialistas en derecho laboral comenzaron a poner el foco en aspectos técnicos del proyecto. El abogado consultor laboral de empresas y cámaras Jorge Samouelian advierte que la regulación sobre actualización de créditos judiciales necesita ajustes para “no desvirtuar su objetivo original”, especialmente en lo referido a los juicios en trámite.

El especialista plantea la necesidad de diferenciar entre los conflictos futuros y los expedientes que llevan años en proceso, al señalar que hoy se enfrentan situaciones complejas con “sentencias millonarias imposibles de pagar” con el consecuente “peligro cierto de quebranto empresario y desempleo del resto de los empleados”.

En su análisis, considera acertado que el proyecto establezca un sistema dual de actualización, pero cuestiona la incorporación de un piso mínimo en el artículo 55.

Según el proyecto de reforma, para los juicios nuevos las indemnizaciones se van a actualizar por IPC más un 3% anual. Para los juicios viejos, la propuesta es otra: en vez de ajustarlos por inflación, se actualizarían vía tasas de interés moratorios.

Sin embargo, la crítica aparece en el detalle: aunque se usen tasas de interés para actualizar los juicios viejos, el resultado no puede ser menor al 67% de lo que daría actualizar por IPC + 3%.

“Esa cláusula podría terminar neutralizando el mecanismo previsto para los juicios en curso, ya que la incorporación de un piso como el citado ocasionará la directa nulificación de la decisión de someter los casos en curso judicial al ajuste derivado de tasas moratorias”, entiende Samouelian. Es decir: si la tasa no llega a ese nivel, el juicio en curso indirectamente casi se indexa por inflación.

“Solo a través de un régimen de actualización consistente se podrá alcanzar el objetivo de condenas reajustadas por el paso del tiempo en un universo estimado de más de 600.000 expedientes”, resalta el abogado.

Reforma laboral: posturas encontradas entre referentes pyme

La mirada no es homogénea dentro del universo de la pequeña y mediana empresa. Desde sectores industriales advierten que la reforma no necesariamente se traducirá en mayor empleo y cuestionan tanto el proceso de elaboración como el contenido del proyecto.

Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartiniense, sostuvo que “no es cierto que la reforma laboral genere más empleo; lo que genera más empleo es la reactivación del mercado interno”.

En esa línea, planteó que el crecimiento del trabajo formal depende de la recuperación del poder adquisitivo del salario, de políticas de administración del comercio exterior, del financiamiento a la universidad pública y al sistema científico, y del acceso al crédito productivo a tasas razonables. El dirigente también cuestionó la falta de convocatoria a los actores productivos. “No fuimos convocados para opinar al respecto los actores vinculados a la producción y el trabajo: mipymes, cooperativas y trabajadores”, afirmó.

Según su visión, el proyecto está más alineado con las necesidades de las grandes compañías que con la realidad cotidiana de las pequeñas empresas. “Es un proyecto a la medida de las grandes empresas; las pymes no estamos pensando en despedir, por el contrario, capacitar a un trabajador es una inversión en sí misma”, remarcó.

Ciolli también defendió el rol de los convenios colectivos de trabajo como marco general y puso en duda la viabilidad de la negociación por empresa para las unidades productivas más chicas. “¿Qué posibilidades tiene una pyme de 2 a 9 trabajadores, que son el 83% del total de los establecimientos, de negociar un convenio por empresa con el sindicato?”, se preguntó.

En relación con los juicios laborales, reconoció que el problema existe, pero planteó que la solución debería construirse de manera conjunta. “Lo peor que nos puede ocurrir es negar que ocurre. Habría que pensar un mecanismo, trabajadores y pymes, para lograr que los reclamos sean objetivamente ciertos y justos”, señaló.

También expresó rechazo a la posibilidad de reducir el salario durante licencias por enfermedades no laborales: “No compartimos que se baje el salario por enfermedad al 75% o al 50% si se produce fuera del ámbito laboral”, alertó el presidente de la cámara.

Sobre el Fondo de Asistencia Laboral, consideró que no representa un beneficio para las pequeñas empresas. “No creemos que sea razonable el FAL, ya que no le sirve a las pymes y favorece claramente a las grandes empresas. Además desfinancia a la ANSES y genera un negocio al privado que administre esos fondos”, sostuvo.

En el mismo sentido, un empresario del sector alimenticio, señaló en off que el debate sobre indemnizaciones sigue siendo el núcleo más sensible del sistema, al punto tal que lo define como el “santo grial” de lo laboral. “Siempre está la duda de hasta qué punto se va a poder desarmar ese sistema y si no va a haber resistencia en el Poder Judicial”, advirtió.

Por otro lado, el empresario también marcó como uno de los temas más discutidos el régimen de enfermedades inculpables. Según explicó, la posibilidad de presentar certificados médicos y mantener el salario pleno generó situaciones difíciles de gestionar dentro de las empresas. “Es un problema del que se viene escuchando quejas hace años por parte de los fabricantes”, afirmó, previo a la eliminación del artículo.

La fuente también valoró herramientas de flexibilidad como el banco de horas, especialmente en sectores con fuerte estacionalidad. “A veces no hay trabajo en ciertos días y había que hacer cumplir igual las horas semanales, aunque fuera inventando tareas. Con un esquema de compensación, se podría ordenar mejor la producción y el trabajo según los momentos de mayor actividad”, explicó, aunque aclaró que la utilidad real dependerá de cómo se reglamente la norma.