Relanzarán control para narcodólares

Fernando de la Rúa

El gobierno de Néstor Kirchner busca relanzar la Unidad de Información Financiera (UIF), una dependencia del Ministerio de Justicia que fue creada a comienzos de la gestión de Fernando de la Rúa.

A partir de una reunión entre el Presidente y el responsable del ministerio, Gustavo Béliz, la UIF pasará a contar con más fondos y nuevas reglamentaciones para acelerar sus procesos de investigación sobre las operaciones financieras de las grandes empresas, bancos, compañías financieras, seguros y compra y venta de arte; siempre que para la oficina estén sospechadas de realizar acciones vinculadas al narcotráfico y el lavado de dinero.

Según la visión del Ejecutivo, las transacciones financieras vinculadas a estos delitos fueron comunes en los '90 y continuarían efectuándose en la actualidad. Kirchner quería crear ya antes de asumir una oficina especial para investigar estas operaciones, pero haciéndola depender directamente de Presidencia. Incluso se habló en algún momento de ofrecerle la conducción a Elisa Carrió (en ese momento no era opositora) o a Graciela Ocaña.

Una vez en el poder, Kirchner fue alertado que esa oficina ya existía, que se trataba de la UIF y que funcionaba dentro de Justicia, aunque sin mayores movimientos internos ni éxitos para mostrar.

Entre las medidas que serán puestas en marcha a través de decretos que aparecerán periódicamente entre mediados de este mes y agosto, se busca fundamentalmente acelerar los tiempos de las investigaciones de los agentes de la UIF. Fundamentalmente se tratará de que la obtención de datos internos de las empresas no sea trabada por los abogados de las compañías que sólo permitían los controles bajo la intervención de un juez.

Un nuevo decreto le otorgaría a la UIF la facultad de obtener los datos requeridos, y que el derecho de recurrir a la Justicia por parte de la empresa investigada sea un acto posterior al envío de la información a la dependencia oficial. Según los agentes de la UIF, sólo con este cambio, sus gestiones tendrían una aceleración sustancial, y las investigaciones generales pasarían de los más de dos años que demandan actualmente a no más de 6 meses.

• Sin trabas

Con este instrumento, la UIF podrá pedir a los síndicos y responsables de las operaciones financieras sospechadas de lavado dentro de las empresas, información sobre estos movimientos o sobre el dinero de personas sospechadas dentro de la compañía; sin mayores trabas. Luego, los implicados pueden recurrir a la Justicia, pero sin retrasar el envío de los datos a la UIF.

También tendrán que enviar la información vía préstamos a consultores o personal de la misma empresa, siempre que éstos superen 10% de los activos declarados de la compañía.

Además, el Ejecutivo reglamentaría un viejo artículo de la ley de creación de la UIF, que le permitía cruzar información con otros organismos similares en países. Hasta ahora, el pedido de datos al exterior sólo podía pedirse previo acuerdo con estados vecinos, los que a su vez eran tramitados únicamente por el Ministerio de Justicia.

En pocas semanas se le otorgaría la autonomía a la UIF para que sea la propia oficina la que negocie directamente con otras dependencias de otros países acuerdos de este tipo. Se supone que el primero sería con Brasil y Uruguay, y que luego se avanzaría con otros acuerdos con países de la Unión Europea y Suiza.

Se avanzaría, además, en la tipificación de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, aumentando las categorías de doloso por sobre las de culposo. En el primer caso habría responsabilidad penal, con lo cual cabría la pena de prisión. Una pena será dolosa cuando «alguien convierta, transfiera, administre o venda dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen ilícito y siempre que el valor supere los 50.000 pesos». En estos casos se establece prisión de 2 a 10 años y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación. En el caso de un delito culposo, la multa será de 20 a 150% de la operación.