Aguas Argentinas salió al cruce de la rescisión de la concesión, decidida por el gobierno, afirmando que «la asamblea de accionistas ya había resuelto el pasado 22 de setiembre la terminación del contrato por culpa del concedente». Sostuvo que «ante la imposibilidad de recomponer el equilibrio económicofinanciero de la concesión, la empresa no estaba más en condiciones de asumir los riesgos y las responsabilidades vinculadas a la prestación del servicio».
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En la práctica, el gobierno rechazó la posición de la empresa de rescindir por culpa del Estado argumentando que no se habían cumplido los pasos formales previstos en el contrato. Varios funcionarios afirmaron en esa oportunidad que la empresa estaba obligada a prestar el servicio por el plazo de un año, mientras la compañía sostenía que se iría en 90 días hábiles. El grupo francés Suez como principal accionistapostergó el retiro que, según expresionesde sus portavoces, debió haberse realizadoa mediados de febrero. Atribuyó la prórrogaa dar tiempo para negociaciones encaradascon interesados en la empresa.
En el comunicado de ayer, Aguas Argentinas indicó que desde setiembre «y por invitación del gobierno argentino, se habían iniciado negociaciones con varios inversores para la cesión de la empresa, sin éxito».
La compañía afirmó que no consiente «los argumentos esgrimidos por el concedente como causal de rescisión». Añadió que «ha realizado un trabajo ejemplar desde 1993, con más de dos millones de personas incorporadas a los servicios de agua potable, un millón a los servicios de desagües cloacales y u$s 1.700 millones de inversión».
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