Riesgoso: apuran ley que levanta secreto bancario

Roberto Lavagna

Avanzó ayer en Diputados el proyecto de reforma a la ley de lavado de dinero aumentando los poderes de la Unidad de Información Financiera para, entre otros cambios, levantar el secreto bancario o bursátil sin intervención judicial previa en las investigaciones por supuestos casos de lavado de activos. Un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Finanzas de Diputados emitió el dictamen donde se aceptaron todos los cambios introducidos cuando la ley fue votada en el Senado.

El apuro, tras haber estado el proyecto paralizado por meses, surgió ante la llegada a Buenos Aires mañana de una delegación del Grupo de Acción Financiero Internacional para monitorear in situ si el gobierno cumplió con las «recomendaciones» que el organismo realizó al país en las últimas dos reuniones plenarias en París para que se reforzaran los controles y procedimientos para investigar los posibles casos de lavado de activos financieros.

La Argentina está hace casi dos años en revisión por parte del GAFI por sus controles al lavado e incluso ya existieron dos advertencias concretas con la posibilidad de excluirla de ese grupo (cuando Roberto Lavagna ocupó el Ministerio de Economía), lo que acarrearía la pérdida de categoría de país confiable en materia de lavado y financiamiento al terrorismo.

En Diputados el proyecto podría bajar al recinto la semana próxima, donde quedará convertido en ley, cumpliendo así con la promesa de demostrar un avance al GAFI.

• Modificaciones

El proyecto original fue aprobado en los primeros meses del año pasado por Diputados, y el 16 de noviembre fue sancionado con reformas por el Senado.

Con la aprobación definitiva, el Congreso sancionará la reforma a la ley de lavado de dinero que levanta el secreto bancario, bursátil o profesional, para que pueda realizar sus investigaciones la Unidad de Información Financiera sin pedir autorización previa a la Justicia, como sucede actualmente.

De acuerdo con la actual ley de lavado, los escribanos, contadores y bancos deben denunciar cuando una operación financiera puede resultar sospechosa, al no poder comprobarse el origen de los fondos con los cuales se ha realizado. Es en ese momento cuando la UIF comienza su investigación, acto para el que reclama desde hace años que se refuercen sus facultades.

Respecto del secreto fiscal, el proyecto sostiene que la AFIP sólo podrá revelarlo «en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y en relación con los involucrados directamente en la operación reportada». Es decir, que el secreto fiscal sólo podrá levantarse a pedido de un juez -como sucede ahora- o cuando la propia AFIP sea quien investigue. Esta fue la posición que sostuvo Alberto Abad hace casi un año en el Congreso, consiguiendo que se modificara el proyecto original que preveía también un levantamiento amplio del secreto fiscal.

La nueva ley baja lo que se denomina «umbral de certidumbre» para la investigación de un delito de lavado, y establece que cuando la UIF «haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal» para que establezca si corresponde iniciar acciones legales.