Rige salario mínimo de $ 450 pero por ahora sin subsidios

El aumento del salario mínimo a $ 450 a partir del 1 de setiembre fue finalmente aprobado por consenso de empresarios y sindicalistas, con salvedades previsibles como la de la CTA -que quería $ 730- e imprevisibles -como la de dos delegados empresarios que también pedían aumentos mayores-. No hizo falta que el gobierno apelara al laudo porque "logró" que las partes llegaran a un acuerdo en el monto final. Ya era público que los máximos dirigentes gremiales y empresariales, que partían de montos diferentes, habían acordado esa misma cifra, pero no querían aparecer cediendo a la otra parte. Quedaron por el camino pedidos como el de incrementar también las asignaciones familiares (se discutirá en el seno de las comisiones en que se divide el Consejo del Salario Mínimo).También, el de incorporar al básico los $ 50 no remunerativos que se pagan por decreto, lo que a su vez hubiera llevado el mínimo a $ 500. A esto los empresarios se negaron de plano, pero saben que es una posibilidad concreta que podría producirse más adelante. Ahora, el gobierno deberá emitir un decreto de necesidad y urgencia para que el incremento se pague con el sueldo de setiembre (o sea a fin de mes), hecho que se produciría en las próximas horas. Termina así un proceso que estuvo a punto de naufragar porque el gobierno anunció a través del Presidente una cifra (finalmente fue la que se "aprobó") antes de que el Consejo se expidiera.

Carlos Tomada

Finalmente no hizo falta el laudo gubernamental: empresarios y sindicalistas -con la excepción de la CTA-acordaron un aumento de $ 100 para el salario mínimo, vital y móvil, llevándolo de los actuales $ 350 a los $ 450 a partir del 1 de setiembre. El incremento será refrendado a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo, justamente para que pueda ser pagado tanto en la segunda quincena de setiembre como con el sueldo que se cobra a partir de fin de mes en el caso de los trabajadores mensualizados.

En cambio, el acuerdo prevé que por ahora no se tocarán las asignaciones familiares, algo que será discutido en futuras reuniones de las comisiones de Empleo y de Productividad del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El acuerdo llegó luego de una agitada jornada que había comenzado con reuniones de empresarios y sindicalistas temprano por la mañana. Allí se juntaron Daniel Funes de Rioja, Horacio Martínez, Carlos Wagner y Ovidio Bolo por el sector patronal, y José Luis Lingieri, Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios y Gustavo Martínez por el gremial para continuar las negociaciones que se habían iniciado el martes por la noche en la sede de los mercantiles, y siguieron el miércoles en la cartera laboral que dirige Carlos Tomada en el marco de la Comisión del Salario Mínimo.

La idea era, justamente, tratar de alcanzar un acuerdo ante la presión del gobierno, que no quería aparecer dando un aumento por decreto, lo que a su vez implicaría la inutilidad, a todos los efectos prácticos, del controvertido Consejo. Esto en principio no sucedió, por lo que se abandonó el funcionamiento de la Comisión y todos los participantes quedaron en seguirla en el plenario del Consejo.

Según era de esperar -y fue adelantado por este diario-los delegados sindicales se plantaron en el pedido de $ 500, conformado por $ 100 de aumento más la incorporación de los $ 50 no remunerativos que perciben todos los trabajadores. También, como era esperable, los empresarios se negaron de plano a esta última condición, pero aceptaron «estirarse» hasta $ 450 de mínimo.

Los sindicalistas estuvieron casi tres horas en despachos de funcionarios de la cartera laboral, donde se intentó «convencerlos» de aceptar los $ 450 y dejar «para más adelante» la incorporación de los $ 50. Esto tampoco satisfacía a la mayoría de los empresarios, que temen que tarde o temprano terminen agregados al básico.

• Sin sentido

«Eso nunca fue un tema a discutir para nosotros. ¿Qué tiene que ver una suma fija concedida por el gobierno con una discusión por el salario mínimo? No tiene sentido», dijo uno de los representantes empresariales. Los hombres de empresa, entonces, se plantaron en los $ 450 que eran lo máximo que estaban dispuestos a conceder, y sólo porque el Presidente había « tirado» esa cifra en declaraciones periodísticas durante el fin de semana último.

A todo esto ya eran las 15.30 cuando se decidió que el plenario del Consejo retomaría sus deliberaciones alrededor de las 18; esto fue suficiente para que varios dirigentes empresariales -Jorge Brito, de ADEBA, por caso-se retiraran para ya no regresar. No había temores por el quórum o la posibilidad de quedar en minoría.

A la hora prevista se constituyó el plenario, y después de algo más de una hora y media se anunció la «fumata blanca»: habría acuerdo. Sin embargo, no hubo unanimidad en ninguna de las trincheras: los tres representantes de la CTA insistieron en su planteo de un salario mínimo de $ 730, que nadie más que ellos parecía dispuesto a considerar.

No fue así: desde el otro lado de la mesa el dirigente ruralista Eduardo Buzzi ( Federación Agraria) y el banquero Carlos Heller coincidieron con Víctor De Gennaro y sus adláteres, aduciendo que el salario es el motor de la reactivación, y que tanto los empresarios como el Estado debían hacer un esfuerzo adicional para subir lo más posible los ingresos de los asalariados.

No obtuvieron eco: la votación salió como se esperaba, con el voto afirmativo por los $ 450 de mínimo. La delegación de la CTA votó en contra, y Heller y Buzzi se abstuvieron. «Pero según el reglamento del Consejo, las abstenciones se cuentan como votos negativos», se apresuró a aclarar uno de sus pares. No cambiaron su decisión.

A la salida del ministerio, varios empresarios no ocultaban su insatisfacción por el resultado final de una batalla de la que pensaban poder emerger concediendo $ 50.

Uno de ellos dijo: «Hay que mirar con mucha atención actividades como la construcción o el comercio, que tienen salarios básicos más bajos que el ahora mínimo. Esto puede disparar una catarata de aumentos en toda la escala, que muchas empresas no podrán pagar».