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En principio, se acusaría a los implicados en casos en los que tres o más personas hayan creado empresas fantasma, vendido facturas apócrifas, adulterado controladores fiscales de las máquinas registradoras o alterado documentación internacional. En todos estos casos, se establecen penas con un mínimo de tres años y seis meses, y diez años como máximo.
Además, se podrá acusar con la nueva ley a los delitos de evasión cuando estén implicados dos o más personas, con una pena de más de 4 años, con lo que también habrá en estos casos prisión efectiva. Muy proclive a arbitrariedades judiciales. Para que comiencen a aplicarse estas figuras, el caso de evasión debería superar los 100.000 pesos (evasión simple) o más de un millón (evasión agravada).
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